La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura (CJ) presentó los avances en la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Al encuentro que se realizó el 12 de octubre, asistieron representantes de organizaciones sociales como Pacto por la Niñez, 8M Nina Warmi, Usuarios Libres Ec, Caso Eli, Nosotras por la Democracia y Consejo Consultivo de la Niñez.
Solanda Goyes, titular de esta Dirección, explicó el trabajo que realiza la vocal Zobeida Aragundi, para poner en práctica los mandatos de esta Ley y dijo que “el CJ está interesado en declarar como una política prioritaria” la aplicación de esta norma.
Destacó el nuevo modelo de atención para víctimas de violencia que ya se aplica en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Al momento, en el país, más de 400 funcionarios tratan estos temas y está previsto que hasta finales del 2018, Ecuador tenga 107 jueces especializados en esta materia y que en el 2020, cuente con 145 en total.
La ley dispone, entre otras cosas, la creación de un registro de datos, la ampliación de competencias de los jueces especializados, la presencia de equipos técnicos y la capacitación de los operadores de justicia, en este tema. También faculta a los jefes y tenientes políticos, a los comisarios nacionales y a las juntas cantonales de protección de derechos a emitir medidas de protección para la víctima.
Por su parte, la subdirectora de Género de la institución, Margarita Carranco, dijo que la participación de la sociedad civil es importante para prevenir este tipo de violencia.
Explicó que uno de los objetivos del CJ es “mejorar el acceso a los servicios de justicia para todas las personas, mujeres, niños, niñas y adolescentes que sientan que sus derechos han sido vulnerados y que no han sido atendidas como corresponde” y les invitó a hacer uso de las herramientas que tiene la institución para denunciar estos casos.
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