El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó ante la Fiscalía una denuncia para que se investigue un presunto uso doloso de documentos falsos en el proceso de juicio político contra las autoridades de la institución.
En rueda de prensa realizada este 23 de mayo, el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, explicó que, como prueba en el juicio político, los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello entregaron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional una supuesta síntesis del informe de Contraloría DAAC- 0070-2016. Además, adjuntaron una matriz como anexo a ese documento.
De acuerdo a lo que explicó el doctor Jalkh, el CJ pidió a la Contraloría que certifique la veracidad de esos documentos. La respuesta de ese organismo fue que los documentos no corresponden al informe DAAC-0070-2016 referente al examen practicado al proceso de selección de personal efectuado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura.
El doctor Jalkh señaló que ante esta certificación de la Contraloría, las autoridades del Consejo de la Judicatura, como funcionarios públicos, resolvieron cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía este hecho.
Citó el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal, relacionado con la omisión de denuncia, que señala que “la persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”.
El titular del CJ aclaró que el informe de la Contraloría DAAC-0070-2016 no determina ningún tipo de responsabilidades para el Pleno del Consejo de la Judicatura y tampoco realiza observaciones a los concursos de selección de fiscales realizados entre 2010 y 2015. “La Contraloría hace observaciones al manejo del banco de elegibles que es responsabilidad de la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía porque era un concurso que se generó en el Consejo de la Judicatura de Transición y que se delegó a la Fiscalía para que maneje ese banco de elegibles”, dijo.
Agregó que la propia Contraloría certificó que no existe ningún informe de responsabilidades civiles ni administrativas contra el Pleno del Consejo de la Judicatura, derivadas del mencionado informe.
Evaluación del CPCCS-T
Al referirse a la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), el doctor Jalkh señaló que hoy se entregó la documentación de descargo respecto del informe preliminar realizado por el organismo evaluador.
La información también incluye respuestas a las 114 denuncias que se presentaron contra el CJ, de las cuales solo dos tienen firma de responsabilidad. “Son una colección de infamias sin sustento”, dijo el doctor Jalkh, quien sostuvo que el informe de evaluación preliminar presentado por el CPCCS-T no cuenta con parámetros objetivos.
El titular del CJ recordó que el organismo evaluador dio cuatro días para que se le entregue la información de descargo. La Judicatura solicitó una ampliación del plazo, pero el Consejo Transitorio jamás respondió a ese pedido.
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