Declarar el estado de emergencia del Sistema de Rehabilitación Social, gestionar ante la Asamblea cambios normativos para el fortalecimiento de la política criminal y de prevención del delito, adoptar acciones emergentes para reducir el hacinamiento son entre otras las recomendaciones que hacen parte del informe realizado por la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura, parte de la Defensoría del Pueblo.
Las recomendaciones llegan luego de visitar los Centros de Rehabilitación Social (CRS), Centros de Adolescentes Infractores (CAI), Centros de Rehabilitación Social Regional (CRSR), Casas de Acogida, de Confianza, Centros de Privación Provisional de Libertad.
Entre 2013 y enero de 2019 los integrantes del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes realizaron 172 visitas.
Entre las 17 problemáticas recurrentes descubiertas en las visitas están: deterioro de infraestructura y servicios sanitarios, espacios físicos limitados, falta de colchones y camas, dificultad al acceso de servicios básicos, salud; restricción de actividades productivas, educativas, deportivas; hacinamiento, incremento de violencia, imposibilidad de separación entre procesados y sentenciados.
El informe refiere que «todas estas circunstancias vistas en su conjunto recaen en tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes». (El Universo)
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