El asambleísta independiente Washington Paredes (exSuma-Creo) es otro parlamentario que afronta denuncias de supuestos cobros indebidos a sus asesores.
En la Fiscalía reposa desde el 19 de septiembre pasado una denuncia presentada en su contra por José Revelo, uno de sus excolaboradores, quien pide que se lo investigue por el supuesto delito de concusión.
En el escrito, Revelo señala que este legislador “empezó a abusar de su cargo” desde el 15 de mayo de 2017, cuando se vinculó como asistente de su despacho y le exigió que le entregara el 10% de su sueldo en efectivo, a través de Ana Ramón, otra colaboradora.
Además, sostiene que debía pagar USD 128 mensuales en la cuenta corriente de una entidad bancaria.
Revelo también puso el tema en conocimiento de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas (AP), hace cinco meses.
Con un escrito le pidió que “de ser necesario tome las medidas respectivas a favor de los señores funcionarios que laboran al momento con el asambleísta de Galápagos, mismos que estarían siendo obligados a firmar documentos que lo liberen de su responsabilidad”.
Paredes, no obstante, desvirtuó las acusaciones en su contra. Comentó que en mayo pasado ambos fueron removidos de sus puestos. “Ahora se han unido a quienes yo fiscalizo y son, además, familiares de ellos”, sostuvo el legislador.
Paredes adujo que impulsa fiscalizaciones contra autoridades locales de Galápagos relacionadas, por ejemplo, con la compra del cemento que se colocó en las carreteras de la región insular, por cobro de coimas, entre otros.
Según la fiscal General del Estado, Ruth Palacios, son 19 legisladores (no todos en funciones actualmente), los que están siendo investigados por denuncias de este tipo.
La última en ser denunciada fue Ana Galarza, quien el jueves pasado fue destituida como legisladora de Creo, con 91 votos. Ella representaba a la provincia de Tungurahua.
Galarza debía acudir ayer a la Fiscalía para rendir su versión, pero solicitó que se difiera su comparecencia.
Por su lado, Lenin Rodríguez, excolaborador de Galarza, acudió para reconocer su rúbrica en la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, concusión, peculado, entre otros cargos.
Rodíguez se presentó acompañado de su abogado defensor, Luigui García, quien dijo que llegarán “hasta las últimas consecuencias” a pesar de la sanción política que recibió la exasambleísta Galarza.
“La Fiscalía tiene la obligación de investigar los delitos que hemos denunciado, determinar la materialidad de dichas acciones y las presuntas irregularidades. Estamos cooperando con la justicia”, puntualizó Rodríguez. (El Comercio)
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