La vigilancia permanente al hacker australiano Julian Assange en los 81 meses y 22 días en los que se mantuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres (Reino Unido), le pasó una factura a las dos naciones por unos $ 20 millones.
El 19 de junio de 2012, Assange se asiló en la sede ecuatoriana en el Reino Unido frente a la posibilidad de ser sentenciado a la pena capital por la justicia de Estados Unidos por revelar a través del portal WikiLeaks información secreta sobre operaciones militares en Irak y Afganistán.
Previamente, el hacker enfrentaba un proceso judicial en Suecia por supuestos delitos sexuales, y por los que se ordenó su arresto domiciliario. Él había violado la medida, y se refugió en la embajada ecuatoriana.
Desde entonces, la Policía Metropolitana de Londres dispuso la vigilancia continua en las cercanías de la sede diplomática de Ecuador para evitar que Assange escape. En los primeros nueve meses se destinaron 2,9 millones de libras (moneda del Reino Unido), es decir, $ 3,8 millones en salarios de los agentes.
El costo obligó a que en octubre de 2015 se ubique solo a agentes encubiertos, pues hasta abril de ese año el gasto llegó a 11’1 millones de libras ($14,5 millones). Mientras, Ecuador destinó $ 5,8 millones para seguridad del cofundador de WikiLeaks en los seis años y nueve meses de su asilo.
El jueves pasado, el canciller José Valencia detalló ante la Asamblea que se dedicaron $400.000 en salud, comida, lavado de ropa, y otros $ 300.000 en 2012 por consultorías para Assange. En total, $ 6,5 millones, con los que se habrían podido construir “155 casas de interés social, 88 escuelas comunitarias, un centro de salud”, señaló el Gobierno en una cronología del caso.
No se informó si es parte de este rubro la creación del proyecto de inteligencia y contrainteligencia ‘Operation Guest’ (Operación Invitado), contratado en el gobierno de Rafael Correa. Ello lo documentó, en mayo de 2018, el diario británico The Guardian en la noticia ‘Ecuador gastó millones en operaciones de espionaje a Julian Assange’.
Con base en documentos reservados de la ex Secretaría de Inteligencia, ese medio reveló que se habría contratado a una compañía de seguridad y agentes encubiertos por un rubro que llegó a $ 5 millones.
La también llamada Operación Hotel se mantuvo por unos cinco años. Solo entre junio de 2012 y agosto de 2013, el egreso fue de $ 972.000, cargados a una partida de ‘gastos especiales’, y comprendía la instalación de cámaras de seguridad y la contratación de una empresa de seguridad las 24 horas, con dos personas por turno, y que tenía como base un departamento en una mansión a la vuelta de la esquina de la embajada, cuyo arriendo era de 2.800 libras ($ 3.600).
En ‘gastos especiales’ sin recibo se consumieron $ 411.000 en 5 meses. De esto, $ 224.000 se pagaron a tres agentes, quienes ganaron $ 10.000 al mes.
Los dispendios en el periodo enero 2012 y septiembre 2018 son parte de una auditoría que inició la Contraloría el 4 de octubre. El analista económico Mauricio Pozo cree que los $ 6 millones para la seguridad de Assange se pudieron invertir en lo social o pagar deudas: “Pero más allá de la cifra, lo de fondo es el daño que se le causó al país con ese asilo. Hubo menos acceso a ciertos mercados, porque los países no llegan a acuerdos cuando se presentan conflictos de carácter político”.
Auditoría al asilo
Desde el 4 de octubre de 2018, la Contraloría General del Estado realiza un examen especial al otorgamiento del asilo político y al proceso de naturalización del australiano Julian Assange. Se busca determinar si se dio de acuerdo a la normativa jurídica y procedimientos legales. El plazo para este examen era de 40 días. (El Universo)
Be the first to comment