Evaluación a jueces de la Corte Nacional en fase inicial

Dos meses después de que se anunciara la evaluación a 21 jueces de la Corte Nacional, el proceso aún está en la fase inicial.

Hasta el momento, la Judicatura solo ha recibido los nombres de los académicos que integrarán el Comité de Expertos y el Comité Evaluador de magistrados. Esta información fue corroborada por la presidenta del Consejo, María del Carmen Maldonado.

Después de que las universidades remitieran las listas, esta semana se conformarán los dos grupos que establecerán los parámetros de evaluación y los que valorarán a los jueces. Maldonado dice que no hay plazos para terminar todo el trabajo.

El penalista Gabriel Ponce considera que el actual Consejo tiene la responsabilidad de enfatizar y agilizar este proceso, que está pendiente desde el Consejo de Judicatura transitorio.

“No hay cómo demorarse más tiempo, porque las personas necesitan conocer si los jueces llegaron a ocupar sus cargos por méritos, capacidad y experiencia”, afirma. Marlene Vela, presidenta de la Mesa por la Verdad y Justicia.

Vela añade que el Consejo de Judicatura debe concentrarse en ese proceso, porque es “primordial para garantizar independencia en la justicia”.

Para Maldonado, el trabajo “está en marcha” y se podrá conocer el plazo después de que los funcionarios de la Judicatura y los académicos realicen el cronograma de trabajo y establezcan los parámetros de la evaluación.

En el instructivo emitido por la Judicatura (arts. 4 y 5) dice que el Comité de Expertos lo integrarán seis catedráticos “de las universidades mejor puntuadas por organismos nacionales e internacionales”. El Comité Evaluador estará conformado por 13 docentes y funcionarios de la Judicatura.

Luego de que se realice la evaluación, los docentes elaborarán un informe con los resultados, que serán entregados al Pleno del Consejo.

Para ser parte de estos Comités, los seleccionados deben cumplir con estos requisitos: ser ecuatorianos, tener un título de tercer nivel en Derecho, haber ejercido la profesión de abogado o docente mínimo 10 años, no tener antecedentes penales y no adeudar pensión alimenticia. Otros requisitos son tener experiencia en materia constitucional, civil, administrativo-tributaria, penal, laboral.

Los catedráticos firmarán un convenio de confidencialidad sobre los documentos, información y resultados que conozcan durante el procedimiento. (El Comercio)