La veeduría ciudadana que investigó el manejo de los fondos transferidos desde el Ministerio de Finanzas a la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), para la emergencia del terremoto del 16 de abril del 2016, detectó inconsistencias desde el inicio de la emergencia, que ahora serán verificadas en otras instancias.
La primera entidad en conocer los resultados de esta indagación fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que el 11 de enero del 2018 acogió el informe de la veeduría.
En ese expediente se señala que «Finanzas transfirió a la SGR USD 10 millones de los cuales se utilizó USD 1 126 000. Posteriormente se hizo una reforma presupuestaria que permitió la transferencia de USD 10 millones para atender la emergencia». El informe refiere que de esta asignación se adquirieron compromisos por un monto total de USD 1 105 730,41.
La presidenta del Cpccs, Raquel Gonzáles, explicó en su cuenta de Twitter que se investigará una posible reducción en la asignación presupuestaria e incoherencias en las facturas del dinero utilizado. Sobre esto último se refiere a la no justificación de las secuencias de las facturas que se emitieron por concepto de mantenimiento de vehículos.
El informe de la veeduría también habla de irregularidades en los montos destinados para el alquiler de baterías sanitarias móviles. Por ejemplo, por la renta de 200 baños se pagó USD 147 730,41 y por el alquiler de otro lote de 203 unidades se pagó USD 233 732,80.
Según los veedores, estas contrataciones suponen un incremento que debe ser investigado. Otra de las objeciones es por el material contratado para la señalética y que se encuentra almacenado en los patios de la SGR de la costera provincia de Manabí. Para este fin se destinaron USD 570 000.
Los veedores además piden que se aclare porqué se habrían realizado transferencias a los funcionarios de la SGR de Manabí durante los primeros días de la emergencia.
Todas estas observaciones fueron derivadas por el Cpccs a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para que se continúe con la investigación.
Según el artículo 42 del Reglamento de Veedurías Ciudadanas, la Secretaría de Transparencia debe realizar un seguimiento a las resoluciones de la veeduría ciudadana y presentar un informe técnico cuatrimestral al pleno del Cpccs. (El Comercio)
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