Servidores públicos de diversas instituciones presentan reivindicaciones laborales al Estado, pues se sienten perjudicados por pagos y por clasificaciones laborales que consideran injustas, ante lo cual han presentado demandas judiciales y prepararían nuevas acciones de este tipo.
Jorge Guamán, Tatiana Guamán y Eugenio Guerra son parte de un equipo de abogados que han defendido a servidores públicos, por todo el país. Uno de los reclamos lo plantearon funcionarios del Ministerio de Salud en Azuay y Manabí para exigir ajustes en el pago de los fondos de reserva del IESS.
El abogado Guamán explica la causa: en el año 2001 se estableció, mediante acuerdo del Ministerio del Trabajo, que los fondos de reserva de la Seguridad Social, en beneficio del trabajador que labora amparado en el Código de Trabajo, debían pagarse sobre el monto total de la masa salarial: esto es, el salario básico más todos sus componentes complementarios.
Sin embargo, diversos ministerios como el de Salud y otras dependencias pagaron el beneficio sólo sobre el salario básico, sin considerar los complementos que cada institución concede, como bonos de transporte, alimentación, comisariato y otros, otorgados, frecuentemente, por vía de contratos colectivos.
En el Ecuador, todo trabajador y empleado, público y privado, tiene derecho a que su empleador cancele en su beneficio, al Instituto de Seguridad Social, un “fondo de reserva” consistente en la doceava parte de lo que haya ganado en un año. Este fondo se recibe a partir del segundo año consecutivo al servicio del mismo empleador.
Para los servidores administrativos que laboraban bajo la Ex-Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) se estableció lo mismo. Pero la posterior Ley de Servicio Público (LOSEP) que regulaba al servidor del Estado fue contradictoria en la forma de pagar el fondo de reserva.
En 2009 se regularizó la forma de pago pero quedó pendiente cancelarles la diferencia por este beneficio, por el periodo de los años 2001 al 2009.
Esto ha motivado que cientos de servidores públicos inicien causas judiciales para recaudar de su empleador estatal estos dineros. En algunos casos ya han tenido sentencias favorables, por ejemplo de los tribunales de lo Contencioso Administrativo de Cuenca y Portoviejo, luego que las peticiones internas al empleador fueron contestadas en forma negativa.
Reclamos similares se han presentado en juzgados de Trabajo en beneficio de obreros públicos, en Cuenca, Riobamba, Ambato, Latacunga. Entre otras instituciones implicadas en el medio están el Ministerio del Interior, el de Educación, la Senplades y, en general, todo el sector público.
No hay un cálculo exacto de a cuántos servidores públicos se les deberá reajustar la diferencia de pago por este beneficio, pero los abogados estiman que lo no pagado, sumado a los intereses, un monto promedio podría ser de unos 3.000 dólares por cada trabajador y de unos 6.000 por empleado administrativo.
Pagar todo esto será una erogación “fuerte” para el Estado por la deuda que mantiene, señalan. (El Mercurio)
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