Uso de aviones presidenciales costó $ 2,76 millones anuales en Gobierno de Rafael Correa

El expresidente Rafael Correa saludó el inicio de una auditoría a los viajes de los aviones presidenciales, anunciada en julio pasado por la Contraloría.

“Así podrán confirmar cuántas horas al día trabajábamos por la patria y cómo hasta la comida a bordo la preparaban en Carondelet o la llevábamos en tarrinas para ahorrar algo de dinero”, respondió a través de su cuenta de Twitter.

Un informe del Grupo de Transporte Aéreo Especial (GTAE), que dirige los aviones en los que se trasladan las altas autoridades gubernamentales, muestra los costos de operación de los dos aviones presidenciales –el Legacy 600 y el Falcon 7X– entre enero del 2014 y septiembre del 2017.

De acuerdo con ese documento, el gasto en catering, como se llama al servicio de alimentación que se brinda a bordo de una aeronave, no fue bajo al menos durante los dos primeros años analizados.

El costo ascendió a $ 507.000 en el 2014. La cifra se mantuvo en los mismos niveles al año siguiente, cuando alcanzó los $ 451.000. Desde el 2016, el gasto disminuyó considerablemente. Cayó a los $ 105.000 y en el 2017, a los $ 77.000.

El catering no es el servicio operativo más caro. A más de este gasto, el informe del GTAE detalla el costo de la logística de vuelos, los simuladores para entrenamiento de los pilotos, el combustible, el handling (como se llama a los servicios que brindan los aeropuertos donde aterrizan las aeronaves) y el mantenimiento. De todos estos, el primer rubro es el más elevado.

Entre 2014 y 2017, los costos de operación sumaron $ 11,06 millones, es decir que en promedio se gastaron $ 2,76 millones cada año. En 2018, la cifra alcanzó los $ 1,39 millones hasta septiembre pasado.

Estos montos no toman en cuenta gastos adicionales como salarios y viáticos de los integrantes del GTAE. Actualmente 98 funcionarios conforman esta unidad.

El personal operativo –pilotos, tripulantes, mecánicos y técnicos– cuenta con 56 personas. También hay 24 empleados administrativos y 18 que se encargan de la seguridad.

La compra de las dos aeronaves presidenciales ascendió a un total de $ 80 millones. El Legacy 600, que empezó a operar en diciembre del 2008 con la matrícula FAE051, fue adquirido en $ 30,3 millones. Mientras el Falcon 7X, que se estrenó en noviembre del 2013 con la matrícula FAE052, tuvo un precio de $ 49,7 millones.

Este medio analizó los recorridos internacionales de los dos aviones entre enero del 2011 y mayo del 2017. Este Diario ha pedido, desde abril pasado, el registro de los viajes internacionales de esos aviones, y en la última respuesta recibida, a inicios de octubre, no se incluyeron los registros de los años 2009 y 2010.

En un oficio enviado al Servicio de Protección Presidencial (SPP), el 25 de septiembre pasado, el comandante del GTAE, Carlos Yánez Lastra, advirtió que “no existen respaldos documentales de los vuelos cumplidos desde el 2008 hasta el 2011”.

En el periodo analizado, entre 2011 y 2017, se identificó 255 viajes internacionales realizados por las naves presidenciales. El expresidente Rafael Correa y el excanciller Ricardo Patiño fueron las autoridades que más viajes encabezaron: 70 cada uno, es decir, el 55 % de los desplazamientos.

Las ciudades más visitadas por Correa fueron La Habana, Caracas y Madrid.

En al menos siete ocasiones, los aviones presidenciales fueron usados para transportar a delegaciones extranjeras.

Los aeronaves salieron del país en trece ocasiones para realizar mantenimientos en Brasil, Francia y Estados Unidos (Nashville, Palm Beach y Wilmington).

255 viajes internacionales hicieron los dos aviones presidenciales entre enero del 2011 y mayo del 2017.

Confidencialidad

El Reglamento Interno del Grupo de Transporte Aéreo (GTAE) clasificó como reservadas las órdenes de vuelo con que se transportan las autoridades del Gobierno.

Datos

En las órdenes de vuelo se detallan los nombres de los tripulantes, el número de pasajeros, la ruta aérea, la carga de equipaje y las horas de despegue y arribo.

Justificación

El GTAE clasificó esa información para evitar que sea divulgada a personal no autorizado, que pueda poner en riesgo la seguridad de las aeronaves y de las autoridades gubernamentales. (El Universo)

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