28 mil dólares costó reparación de un carro de la Corte Constitucional de Ecuador

La Contraloría General del Estado confirmó lo que el actual presidente de la Corte Constitucional (CC), Hernán Salgado, comentó al inicio de su gestión: que un carro Nissan Murano adquirido para la presidencia de la Corte está fuera de operación, porque se mantiene en un taller. Esto, por una reparación que no se ha completado y tampoco se ha pagado, por un monto de más de 28 mil dólares.

Así se evidenció en la lectura del borrador de informe del examen especial a la adquisición, uso y mantenimiento de los vehículos en la Corte, por el periodo entre el primero de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, que se realizó el viernes.

En el periodo que examinó la Contraloría, Alfredo Ruíz ocupaba la presidencia, hasta el 23 de agosto de 2018, cuando todos los jueces constitucionales fueron cesados por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Antes de él estuvo Patricio Pazmiño.

Según el ente de control, la Corte realizó tres procesos de contratación para la revisión y mantenimiento del vehículo que usaba el presidente, dos en la modalidad de ínfima cuantía por $5.278 y otro, en régimen especial, cuyo valor era de $23.302.

Sin embargo, el equipo de auditoría constató que el vehículo está desarmado, con la caja de cambios y el motor a un lado, sin solucionar el problema mecánico. Además, que no se ha cancelado ningún valor, aunque las dos ínfimas cuantías fueron aceptadas a entera satisfacción.

Por lo que, concluyó que la empresa no cumplió con el objeto del contrato y que el administrador del mismo no exigió su cumplimiento, provocando que la Corte Constitucional se quede sin el servicio que prestaría ese bien.

Otros resultados
Dentro del examen, el equipo auditor también encontró que hay un vehículo y una motocicleta en “estado de deterioro y obsolescencia” en el patio del edificio del Registro Oficial, que también corresponde a la Corte Constitucional. Es un Jeep Cherokee y una moto Suzuki azul, de los que se desconoce quiénes son sus dueños.

El 13 de septiembre de 2016, el presidente de la Corte hizo una consulta al fiscal provincial de Pichincha, para que se investigue el origen y pertenencia de los vehículos. La causa sigue abierta, pero en los informes realizados por funcionarios de la CC no se evidenciaría mención alguna sobre la novedad de la existencia de los vehículos, señala el ente de control.

Otra irregularidad detectada por la Contraloría, es que el vehículo del Ministerio del Interior, asignado para dar seguridad al presidente de la CC, no fue autorizado previo a su uso. El 27 de julio de 2010 se entregó en comodato un Chevrolet Grand Vitara blanco 4×2 para la caravana de seguridad del expresidente a la época.

Dos años después se asignó una camioneta Chevrolet Luv 4×4 sin placas, pero no hubo acta de entrega-recepción, ni ningún otro documento que justificara la tenencia del vehículo, por lo que no constaba en los registros de la entidad. (La Hora)