El expresidente, contactado a raíz de la decisión este jueves de la justicia ecuatoriana de ordenar su ingreso en prisión preventiva por su presunta implicación en un caso de sobornos, rechazó las imputaciones y avisó de que el proceso continuará pese a que él no se encuentre en Ecuador, y de que «puede llegar una sentencia».
La jueza nacional Daniella Camacho ordenó esa medida cautelar ratificando así la solicitud que el miércoles hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien investiga una trama denominada «Sobornos 2012-2016» (antes «Arroz verde»).
La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el exgobernante hasta 2017.
El exmandatario denunció que «uno de los indicios para involucrarme» es que en 2014 recibió un préstamo de 6.000 dólares de una asesora que manejaba el fondo de solidaridad de la presidencia «construido con nuestros propios aportes», un préstamo «que pagué hasta el último centavo».
Correa consideró que la Fiscalía pidió prisión preventiva sobre la base de «cosas tan absurdas como que cambié de domicilio» en Bélgica, y criticó que la justicia de su país no solicitara adecuadamente a las autoridades belgas cooperación penal para que pudiera dar su versión.
Confirmó que sus abogados apelarán el lunes la decisión de la jueza Camacho, aunque consideró que esos trámites sólo servirán para «quemar etapas».
«En Ecuador no hay Estado de derecho, no hay sistema de Justicia. Se ha roto varias veces la Constitución», dijo a Efe Correa, quien lamentó a su vez la «estrategia regional» de la «judicialización de la política» en América Latina.
«Tengo con esta 26 investigaciones penales, ni (Augusto) Pinochet y Al Capone juntos», indicó, en referencia, respectivamente, al dictador chileno entre 1973 y 1990 y al gánster estadounidense más temido de los años 20 y 30.
Además, recalcó que ésta «es la segunda orden de prisión que me sacan», tras la relacionada con un presunto caso de intento de secuestro.
Hasta ahora, destacó que «no hay una condena» en su contra aunque advirtió de que «probablemente en este juicio va a haber, porque cualquier cosa se puede esperar aunque no tengan la más mínima prueba».
En esa situación, Correa lamentó que trabaja «solo para pagar a abogados y responder a las infamias», y que se enfrenta a acusaciones que buscan «quebrarlo emocionalmente, económicamente, familiarmente» y «enterrarlo con juicios» para «impedirle participar políticamente». EFE