El juez Germán Gallo, de la Unidad de Violencia Contra la Mujer, aceptó la medida cautelar solicitada por Fiscalía para que no se derrumbe o se modifique en el edificio denominado Castillo de Grayskull, una infraestructura ubicada en la Escuela Superior de Policía, en el norte de Quito.
Según las investigaciones en ese sitio se habría perpetrado el femicidio de María Belén Bernal. Todo ocurrió el 11 de septiembre del 2022, cuando la abogada acudió a ese centro de formación policial para visitar a su esposo, quien laboraba allí como instructor de cadetes.
La Fiscalía pidió esa medida cautelar, el 28 de septiembre del 2022, para que la Comandancia General de Policía y a la Presidencia de la República se abstengan de realizar derrocamientos y modificaciones en ese inmueble.
El objetivo de la entidad investigadora es preservar el lugar de los hechos para poder practicar diligencias investigativas y recabar evidencias, dentro del proceso penal que Fiscalía inició contra el esposo de Bernal y una cadete, por el presunto delito de femicidio.
El magistrado aceptó la medida cautelar durante una audiencia que se realizó, este viernes 30 de septiembre del 2022, en la Casa de Justicia de Carcelén, en el norte de la capital.
Gallo también dispuso oficiar la medida cautelar al Presidente de la República, al Ministro del Interior y a la Dirección de la Escuela Superior de Policía.
El 26 de septiembre del 2022, el presidente Guillermo Lasso anunció que se derrumbará el inmueble. “Derrumbaremos este edificio y empezaremos a construir en este lugar un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la Escuela Superior Policial. Y este concepto es inspirado en el respeto a la mujer, seguro, sin tanta obscuridad”, dijo el Primer Mandatario.
Ese predio está asignado como dormitorio de oficiales instructores. De hecho, allí está el dormitorio que usaba el esposo de Bernal, quien es considerado el principal sospechoso de su muerte y quién actualmente está prófugo.
En un documento al que este Diario tuvo acceso, la Fiscalía menciona que ese bien inmueble está involucrado en un delito de acción pública y por lo tanto “está a disposición de las órdenes jurisdiccionales que se emitan dentro del proceso penal”.
Según la entidad investigadora, no se puede disponer libremente de ese edificio, “sino hasta que se cuente con resoluciones o sentencias condenatoria ejecutoriadas, en donde resuelvan la situación jurídica” del inmueble.
La Fiscalía también menciona que es importante que se mantenga intacto el edificio para poder practicar diligencias investigativas y recabar evidencias. Esa entidad dijo que se debe garantizar que “los sujetos procesales puedan acceder, a través de Fiscalía, a la práctica de las diligencias necesarias y recabar elementos de cargo y de descargo”.
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