Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no aparecieron ayer por sus oficinas en la capital.
Ninguno contestaba su celular ni respondía mensajes. Se conoció que estaban reunidos fuera de la entidad, acordando quién ocupará la presidencia y la vicepresidencia, cómo se distribuirán las secretarías técnicas de Participación y Lucha contra la Corrupción, los diferentes cargos del nivel jerárquico superior y las delegaciones provinciales.
Uno de los temas que les preocupaba era cuál de los reglamentos de funcionamiento del pleno debían utilizar para desarrollar su primera sesión. Si el que elaboró el CPCCS transitorio o el aprobado en la gestión de José Tuárez, que fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional, junto a Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria Desintonio, por incumplimiento de funciones.
Está previsto que la próxima semana hagan su primera sesión pública con los nuevos consejeros Ibeth Estupiñán, David Rosero, Juan Dávalos y Francisco Bravo. Y medirán fuerzas con los ya vocales Sofía Almeida, Christian Cruz y María Fernanda Rivadeneira.
Esto en medio de las intenciones de los dos últimos consejeros, que quieren presidir el organismo.
Y también la de Rosero, quien apela a su experiencia en el CPCCS en el que fue consejero entre el 2010 y 2015.
Él, junto con Andrea Rivera, y en ocasiones Luis Pachala (hoy asambleísta de CREO), integraban la minoría de ese entonces. Es ingeniero de profesión y cercano al movimiento político Unidad Popular (UP).
Estupiñán es funcionaria de nombramiento del Consejo. Llegó en el 2009 al Transitorio, de la mano de un ex vocal suplente, César Cárdenas, quien fue el que presentó ante la Asamblea Nacional documentos presuntamente ‘irregulares’ sobre la inscripción de Tuárez para postularse al Consejo.
Ella es economista. En el 2011 estuvo en el Ministerio de Inclusión Social, y volvió al CPCCS, donde se ha desempeñado como técnica en el área de Participación y Control Social. Con la elección de Jorge Yunda como alcalde de Quito, fue nombrada administradora zonal del sector La Mariscal; cargo al que deberá renunciar si quiere ser consejera.
Bravo es comunicador social y también abogado. Se declaró montuvio y, en su postulación al Consejo, su mensaje era “machete a la corrupción”.
Ha trabajado en la empresa privada y varios meses como especialista jurídico en la Contraloría del Estado en el 2012.
Dávalos se ha mantenido al margen de ellos. Durante la campaña electoral de marzo pasado para elegirlos, el expresidente Rafael Correa promovía su candidatura en una denominada ‘pollita participativa’, por la que fue investigado por el CNE.
Es licenciado en Artes Liberales, y su carrera la hizo en el gobierno de Correa. Fue asesor en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) durante la gestión de René Ramírez; en la Empresa Pública Yachay EP, en la Secretaría de la Política y en el Ministerio de Inclusión.
De entre estas nuevas posiciones políticas se elegirá a las nuevas autoridades.
Al regreso de la vacancia, la Asamblea Nacional deberá posesionar a cuatro nuevos consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Gina Aguilar, Carlos Figueroa, Jaime Chugchilán y Aland Molestina serán convocados a la posesión, para poder actuar en caso de la ausencia de uno de los principales.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que, de acuerdo con los resultados de las elecciones de marzo pasado, los ciudadanos mencionados serán suplentes de Ibeth Estupiñán, David Rosero, Juan Dávalos y Francisco Bravo.
“Debemos entregarles las credenciales para que sean posesionados en la Asamblea Nacional”, dijo Atamaint. (El Unvierso)
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