Copias de cédula y certificado de votación ya no serán necesarias para trámites públicos

Como parte del proceso de simplificación de trámites, las instituciones públicas eliminarán la solicitud de la copia de la cédula y certificado de votación.

Eduardo Jurado, secretario general de Presidencia, indicó que dispuso que en máximo 15 días,  la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) habilite el acceso a la base de datos del Registro Civil y del Consejo Nacional Electoral, a todas las instituciones públicas, con el fin de que puedan acceder a los datos de la ciudadanía y de esta manera evitar solicitar requisitos innecesarios.

Según la Disposición General Única del Decreto 372, se prohíbe a todas las entidades que dependan de la Función Ejecutiva “exigir documentos o certificados que sean producidos o se encuentren a cargo de las entidades comprendidas dentro de este ámbito para la realización de trámites o gestiones administrativas”.

Se recurrirá a los respectivos portales institucionales y de interconexión de información de registro de datos públicos y acceso a otro tipo de registro de datos públicos de libre acceso a través de internet.

En este proceso de Simplificación de Trámites, del Ejecutivo y otras entidades del Estado, se capacitaron sobre la Norma ISO 37001 “Sistema de Gestión Antisobornos”, como parte de los pasos a seguir para que la Primera Institución de Estado logre esta certificación, que tiene como objetivo combatir el soborno y promover una cultura ética institucional.

En la capacitación, impartida por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), con apoyo del MIPRO, los servidores conocieron los alcances de la certificación preventiva que va de la mano con la calidad de los servicios y la gestión de los procesos, que será aplicada en instituciones pequeñas, medianas y grandes del sector público.

En las distintas áreas de la Presidencia de la República se trabajará para cumplir con los requisitos claves de la norma, la elaboración del compromiso antisoborno y diversas acciones que culminarán con una auditoría externa.

Se espera  que este proceso concluya en diciembre de 2018, tiempo en que la Presidencia alcanzará esta certificación, convirtiéndose en la primera institución del país con esta acreditación. (El Telégrafo)