Defensa de la familia Jiménez cree que Rafael Correa debería ser llamado a declarar en caso 30S

Edwin Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez, policía que fue asesinado de un disparo la noche de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30S), anunció esta mañana que ha llegado a su poder un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el que se confirma que para la evacuación presidencial de Rafael Correa estaba prohibida la utilización de armamento letal.

En el informe se revela que ese día el personal debía emplear el uso progresivo de la fuerza, y solo parte del personal tenía que llevar armamento letal.

Según Romero, esta disposición explícita es parte de las conclusiones del informe del general de Brigada Jorge Peña, quien cumplía el denominado 30S las funciones de director de Operaciones del Comaco. «Solo armamento no letal debían haber ocupado las Fuerzas Armadas ese día», aclaró el abogado de la víctima.

El abogado cree que esta información debe ser enfrentada a las versiones que dieron los oficiales del Ejército procesados en este caso: Wilson R. y Vicente N., pues, en especial uno de ellos, habría aceptado de manera abierta que el 30 de septiembre de 2010 disparó un fusil HK con munición 2.23.

«Quién está diciendo la verdad: el general Peña o sus subalternos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) (Wilson R. y Vicente N.) (…) Que quede claro de que los mismos oficiales superiores manifestaron que estuvieron al mando y que recibieron órdenes directas del coronel Luis Castro. Él deberá decir si es verdad o mentira lo que están manifestando sus propios subalternos», apuntó Romero.

Debido a que en el documento, que está en manos de la defensa de la familia Jiménez, también se señalaría que el presidente de ese entonces Rafael Correa, mediante contacto telefónico, dispuso al ministro de Defensa, Javier Ponce, que se proceda a rescatarlo, Romero cree que el fiscal Fabián Salazar debería convocar al exmandatario a rendir versión.

De acuerdo a lo manifestado por una de los oficiales superiores, cuando rindió su versión en el caso, nunca se rompió la cadena de mando, «entonces al no romperse la cadena de mando, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades de acuerdo a las disposicones que se dieron a sus subalternos».

En los próximos días, el fiscal que lleva la causa «pedirá la versión de los funcionarios públicos del expresidente Correa (del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del ministro de Defensa Nacional), y ellos tendrán que indicar qué tipos de disposiciones se dieron», indicó Romero. (El Universo)