Ecuavisa.- El próximo 5 de enero de 2025, es decir, en pocos días, comienza la campaña para las elecciones de 2025. Eso significa que Daniel Noboa tiene que pedir licencia para promocionarse como candidato a la Presidencia, tal como dice la ley.
Sin embargo, su rivalidad con la vicepresidenta Verónica Abad, quien debería asumir el sillón de Carondelet, ha complicado la sucesión, al punto de que el Gobierno ha barajado diferentes opciones para evitar que la funcionaria asuma el cargo, desde enviarle a cumplir funciones en Israel y Turquía, hasta presentar denuncias en su contra. Finalmente, la que parece la alternativa elegida, es no pedir licencia y continuar en la Presidencia.
Constitucionalistas explican las consecuencias jurídicas que podría conllevar esa decisión, además del precedente que dejaría para los próximos comicios.
En el artículo 93 del Código de la Democracia consta que los dignatarios que busquen la reelección inmediata al mismo cargo, deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, abrió la posibilidad de que el presidente Noboa no pida licencia. Su argumento se basa en un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional en el que aclara que no hay una figura de reelección luego de que una autoridad fue escogida para un cargo tras la disolución de la Asamblea Nacional o muerte cruzada.
Es decir, el Presidente, así como los asambleístas electos para las elecciones anticipadas de 2023, no están cumpliendo un periodo completo, sino que terminan el anterior.
En un comunicado publicado ayer, 31 de diciembre de 2024, la bancada oficialista vuelve a citar la sentencia de la Corte y dice que «el presidente y sus asambleístas no están obligados a pedir licencia».??? Ecuavisa.com pudo conocer que los candidatos-asambleístas recibieron la orden de no pedir licencia, como una muestra de respaldo a Noboa.
El abogado Constitucionalista, André Benavides, dice que al no pedir licencia y hacer campaña mientras está en funciones, el presidente Daniel Noboa incurre en una falta grave prevista en el artículo 278 del Código de la Democracia: «los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral».
Quienes incurran en infracciones graves deben pagar multas desde once salarios básicos unificados hasta veinte, e incluso la destitución o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, dice que si evaden la licencia, podrían presentarse denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Es decir, el Presidente y los asambleístas podrían poner en riesgo su permanencia en el cargo.
Incluso, si Noboa no realiza actividades proselitistas y evita aparecer en eventos públicos durante la campaña, se mantiene el incumplimiento, según Ron y Benavides, porque continúa manejando el aparato estatal a su conveniencia.
Además, la experta en comunicación, Daniela Gallardo, explica que los demás candidatos le van a apostar a confrontar y cuestionar las crisis de su gobierno, como los apagones o la desaparición de los niños; es decir, le costará no intervenir.
Algunos juristas también hablan de que el presidente Noboa estaría incurriendo en peculado, por ejemplo, Ron, Benavides y la penalista Paulina Araujo, quien explicó en su cuenta de X que ese es el delito que aplica cuando un funcionario atenta contra eficiencia de la administración pública.
«Por ejemplo, cuando un servidor abusa de fondos públicos, en razón o virtud de su cargo, en beneficio propio. Por ejemplo, cobra su sueldo a sabiendas de que no va a trabajar, sino campañear», escribió Araujo.
Frente a ese escenario, algunos barajan la posibilidad de que Noboa y los asambleístas-candidatos renuncien a su sueldo sin pedir licencia. Ron explica que no existe esa figura.
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