Ecuador | Seguridad de los grilletes eléctronicos aún es frágil

La prohibición de usar el grillete electrónico duró nueve meses. En agosto del 2018 el Consejo de la Judicatura transitorio pidió que los jueces no aplicaran esta medida.

Pero el pasado 27 de mayo del 2019, el entonces director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, envió un oficio a la Judicatura y solicitó que se disponga nuevamente el uso de los equipos y que se compren 5 000 más. En ese documento se detalla que el uso de estos aparatos “es una forma eficiente de controlar a un procesado en libertad”.

Además, Pazmiño sugirió que se aplique solo en delitos como robos sin violencia, pero no en aquellos relacionados con actos de corrupción. Sin embargo, la seguridad de los equipos no ha sido reforzada por completo.

Esto lo reconocen quienes hasta hace nueve días manejaron este tema. Personal que llegó tras la renuncia de Pazmiño también reconoce que los equipos son vulnerables y que la próxima semana se dará detalles de cómo operan ahora los grilletes.

Tras la fuga del exhombre fuerte del correísmo Fernando Alvarado, la Contraloría General detectó, por ejemplo, que los aparatos no monitoreaban en tiempo real o daban dos posiciones de la misma persona. La entidad encontró al menos siete fallas. Se detectó que no había parámetros técnicos para el intercambio de información entre los sistemas informáticos del extinto Ministerio de Justicia y del centro de monitoreo.

“Esto ocasionó que los datos de localización mostrados por cada entidad difieran”. Por eso, la información era validada verbalmente entre los operadores que trabajaban para cada entidad. El año pasado, la secretaría de Justicia dijo que se suspendió el uso, porque se debía migrar el sistema informático a otro proveedor.

Pero el viernes (7 de junio del 2019), este Diario conoció que hasta ahora el software es el mismo y que no se puede cambiar hasta que la Contraloría General no termine su análisis.

En un primer informe, esta entidad también determinó que el Plan de Contingencia no estaba actualizado y que el desaparecido Ministerio de Estado no contaba con procedimientos para poder actuar ante las fallas del sistema.

Funcionarios que hasta la semana pasada trataron el caso advierten que tras estas observaciones se realizaron mejoras en los brazaletes, como determinar las coordenadas exactas en las que se encuentra la persona vigilada y el reenvío de alertas.

Aunque reconocen que “hay algunas situaciones técnicas que se deben mejorar”. Además, advierten que el control humano también puede fallar en este proceso y darse casos como el de Alvarado.

Cinco días antes de que Pazmiño pidiera el retorno del brazalete, la Corte Nacional de Justicia recibió un pedido de la Fiscalía y ordenó que le colocaran uno al padre del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, condenado en el caso Odebrecht a tres años de cárcel por lavado de activos.

? La Fiscalía justificó su pedido con un informe de la Policía, en el que se indica que el domicilio del sentenciado “no cuenta con las seguridades suficientes y existe riesgo de fuga”.

En cambio, el 1 de junio, la jueza Daniella Camacho ordenó el uso del brazalete para la exministra correísta, María de los Ángeles Duarte, señalada por el delito de concusión.

A la magistrada se le preguntó por qué se aplicó esa medida y respondió lo siguiente: “En el artículo 522, numeral 4 del Código Penal, está contemplado como medida cautelar la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica.  La fiscal solicitó dicha medida y la juez ordenó.

La ley está sobre cualquier resolución”. A la fiscal general, Diana Salazar, se le consultó si había riesgo de que Duarte fugara. La funcionaria aseguró que “es necesario que las autoridades encargadas de la administración y monitoreo de los grilletes estén atentas a cualquier tipo de movimiento”. Además, señaló que la Policía Nacional debe asegurarse de que un “hecho así no se repita”. (El Comercio)