Ecuavisa.- Más de 60 juristas y politólogos consignaron en un documento público su preocupación por lo que llaman una sistemática inobservancia de la Ley y la Constitución. Son académicos, abogados en ejercicio y representantes de organizaciones por la democracia que dicen que se está afectando el Estado de derecho, así como el orden constitucional y democrático.
«Se ha dado una interpretación antojadiza de su contenido para ajustarlo a ciertas condiciones en función de la coyuntura política», dijo a Televistazo el jurista Mauricio Alarcón.
André Benavides, Arturo Moscoso, Gonzalo Muñoz, Salim Zaidán, María Dolores Miño, Mauricio Alarcón, entre otros, sintetizan sus cuestionamientos en cinco puntos. El primero, por la decisión del presidente Daniel Noboa de no pedir licencia para campaña y ahora hacerlo por horas.
«No es admisible afirmar que esta obligación no aplica al Presidente o a ciertos asambleístas (…) es su obligación hacer uso de licencia durante la campaña electoral para garantizar igualdad de condiciones en la participación política y el adecuado uso de los recursos públicos», sostienen en el comunicado
En el segundo punto, indican que no se configura una ausencia temporal de Verónica Abad como vicepresidenta de la República; tampoco «un abandono del cargo que debe ser constatado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional, por lo que el Presidente no puede designar mediante decreto ejecutivo a una nueva Vicepresidenta«.
El tercero es una advertencia al Presidente y los legisladores de que pueden caer en infracciones electorales si hacen campaña sin pedir licencia.
El cuarto se refiere a la ausencia de control porque, según dicen, para el CNE sí «es posible que haga control sobre la obligatoriedad de obtener licencia para participar en la campaña electoral…»
El jurista Salim Zaidán sostuvo que el CNE incluso podría denunciar ante el TCE el cometimiento de infracciones electorales.
A la Contraloría, a la Corte Constitucional y Tribunal Contencioso les piden hacer los controles que les corresponde, según la ley «ante el quiebre institucional, el desprecio al Estado de derecho que se ha dado en las últimas semanas por parte de ciertas autoridades», así lo afirmó Zaidán.
En el quinto punto cuestionan la actitud del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, que usó, según dicen, la cadena nacional para intimidar a la jueza que determinó la desaparición forzada de los cuatro chicos asesinados en Taura.
Juristas y otros profesionales se están sumando a este pronunciamiento, cuyos autores consideran que es vital evitar el escalamiento de situaciones de violencia política y respetar los fundamentos de la democracia y el Estado de derecho.
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