Dinamarca realizó la primera ceremonia tras la entrada en vigor de una polémica ley que obliga a quienes desean adquirir la nacionalidad a un apretón de manos público como muestra de respeto a los valores daneses.
La ceremonia «constitucional», como así ha sido denominada, se realizó en un edificio gubernamental en Copenhague y estuvo presidida por la ministra de Integración, la liberal Inger Støjberg, promotora de la iniciativa, aprobada hace unos meses por el Gobierno de derecha en minoría y el xenófobo Partido Popular Danés.
«Es precisamente en ese momento en que os convertís en ciudadanos daneses», dijo Støjberg a las nueve personas que recibieron este jueves la nacionalidad, en alusión al apretón de manos.
El acuerdo inicial alcanzado a mediados de 2018, que incluía también a los socialdemócratas, hablaba de una ceremonia en la que el solicitante debía firmar un documento de respeto a la Constitución.
Pero la decisión de las autoridades suizas de negar la nacionalidad a una pareja de musulmanes por rechazar la mano a los funcionarios del sexo contrario que los entrevistaban hizo que la derecha xenófoba danesa propusiera incluir ese gesto.
Según la ley, que entró en vigor el 1 de enero, el apretón de manos expresa «un respeto especial por la sociedad danesa» y señala «que se han asumido los valores daneses».
La idea fue recibida con críticas por varios alcaldes daneses, incluidos algunos del Partido Liberal, y amenazas de negarse a oficiar ceremonias de ese tipo, pero el Gobierno liberal-conservador de Lars Løkke Rasmussen siguió adelante.
«Es de sentido común, independientemente de la religión, saludarse con respeto. A algunos musulmanes, no todos, no les gusta nada, pero ‘o respetas las costumbres, o dejas el país'», dijo entonces el portavoz «popular» en integración, Martin Henriksen.
Rasmussen ha seguido la dura línea en inmigración impulsada por los distintos ejecutivos daneses desde principios de siglo, con medidas como multar por llevar el velo integral en lugares públicos o aprobar una polémica ley para confiscar dinero y objetos de valor a los refugiados para costear su estancia. (El Telégrafo)
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