El secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, entregó este miércoles a la Fiscalía General del Estado información sobre el desvío de dinero público del Estado venezolano al ex presidente Rafael Correa, para el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE).
Son $281 mil que, según el gobierno, fueron distribuidos entre Correa y varios de sus ex ministros, a través de este Instituto.
Granda también acudió a Cancillería para pedir que se investiguen las actividades de la Fundación que da lugar al Instituto, pues se habría dedicado también a financiar a los abogados de Correa en el caso del secuestro de Fernando Balda.
En tanto, el canciller José Valencia señaló que se realizará un análisis y se desarrollarán acciones administrativas para absolver la consulta de la Secretaria Anticorrupción, siguiendo el debido proceso.
El Decreto 193 y el Acuerdo Ministerial 0065 determinan las obligaciones y derechos que tienen las fundaciones.
La noche del martes, la fiscal general del Estado, Ruth Palacios, informó que la Fiscalía abrirá una investigación de oficio sobre este caso.
En un comunicado, el IPPE rechazó las declaraciones de varias autoridades del gobierno «por carecer de fundamento, y violentar el sigilo bancario, al ser información protegida por la Ley, con lo cual se busca afectar nuestro derecho fundamental a la dignidad y buen nombre». (El Universo)
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