De igual manera, se solicitó una revisión al proceso de recepción y seguimiento de quejas y reclamos de la ciudadanía, al proceso y herramientas de medición y evaluación del nivel de satisfacción del usuario con respecto a los servicios prestados por la Defensoría Pública.
Finalmente, el actual Torres pidió también un examen especial sobre las operaciones administrativas y financieras resultado de la aplicación de convenios administrados por la Dirección Nacional de Inclusión Social, Interculturalidad e Igualdad, desde enero de 2014 hasta agosto de 2018.
Según el comunicado, estos exámenes son solicitados para dar cumplimiento al proceso de transparentar la gestión institucional, tal como lo ha dispuesto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.
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