Jueces de Portoviejo, funcionarios y abogado en espera de sentencia

El testimonio de una persona privada de la libertad (PPL), –a través de video conferencia desde el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi– y el relato del jefe del Departamento de Estadística del CRS El Rodeo (Manabí) fueron parte de las primeras ocho pruebas testimoniales presentadas ayer por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

La primera jornada de audiencia de juzgamiento contra ocho personas, acusadas por los delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones, fue instalada por las juezas de la Sala Penal de la Corte Provincial, la mañana del 16 de marzo de 2020 sin público, debido a la emergencia sanitaria.

Desde Quito participó, de forma telemática, el abogado del Consejo de la Judicatura, que actúa en esta causa como acusación particular.

Testimonios dieron cuenta de cobros, agresiones físicas y retractaciones

La persona privada de la libertad, Byron Y., afirmó que ha cumplido trece de los dieciséis años de su sentencia condenatoria, de las cuales estuvo unos siete años en El Rodeo hasta su trasladado a Cotopaxi.

Cuando cumplió el 60% de su condena e intentó gestionar su prelibertad: “hice el trámite con el abogado Rodrigo M., porque no tengo familia. Dijo que me iba a ayudar, hice los papeles y pedí prestado más de 1.000 dólares que me solicitó para tramitar mi caso”, relató.

La persona que le prestó el dinero, según el testimonio del privado de la libertad, entregó el efectivo a través de encomienda y vía depósitos bancarios al ahora procesado Rodrigo M., funcionario de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) de El Rodeo.

En ese sentido, el testigo Orly M., jefe del Departamento de Estadística de El Rodeo, bajo juramento, añadió que Rodrigo M., conviviente de la también procesada Marcela D. (funcionaria del área de Dactiloscopía del CRE El Rodeo), lo golpeó en el parqueadero donde guardaba su vehículo, a la salida de la jornada laboral. Mientras le pateaba en el suelo, “gritaba que no debía meterme en sus cosas y que no tenía que decir nada”.

¿La razón? El 16 de agosto de 2019, según precisó Orly M. en su testimonio ante las juezas, le reclamó a Marcela D. respecto a la constante entrada y salida de privados de la libertad al área de Dactiloscopia, donde se habría percatado del cruce de papeles presuntamente con el número de teléfono de Rodrigo M.: “le pedí a Marcela que no me comprometiera en lo que esté haciendo” y “ordené que la PPL que fuese llamada a esa área, primero debía hablar conmigo”.

Según el testigo, el reclamo a Marcela D. se fundamentó en que existían rumores entre los privados de libertad de que debían entregar dinero para el trámite de la prelibertad a Rodrigo M., funcionario del área Jurídica. A esto se sumó la alerta que le hiciera una compañera de El Rodeo, quien le dijo que el PPL Byron Y. denunció el cobro del dinero por las garantías penitenciarias que, además, no le tramitaron.

En el mismo sentido, Fiscalía presentó el testimonio de la exdirectora de El Rodeo, Mayra M. I. Ella manifestó que, durante sus funciones (2016-2019), recibió quejas de que los abogados del área Jurídica estarían cobrando por los beneficios penitenciarios. Entre las quejas está la de Gema, quien le habría dicho a la exdirectora que Ekel G. y Rodrigo M., funcionarios del área Jurídica de El Rodeo, le cobraron por el trámite de prelibertad de su esposo, conocido como “Nariz Virada”.

Sin embargo, Gema –en su testimonio ante la Sala Penal– negó haber presentado tales quejas, por lo que el Fiscal Provincial de Pichincha decidió que la testigo no sea liberada hasta que testifique el agente investigador del caso.

Los hechos

Los ciudadanos procesados por Fiscalía son cuatro funcionarios públicos de El Rodeo; tres jueces de Garantías Penales con funciones en garantías penitenciarias, con jurisdicción en Portoviejo (Manabí); y, un abogado en libre ejercicio.

La presunta red de corrupción de funcionarios públicos habría solicitado dinero y botellas de licor para tramitar las garantías penitencias de las personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social (CRE) “El Rodeo” y en el de Bahía de Caráquez, ambos en Manabí. (Fiscalía)