Jueces manabitas resolverán apelación de la Asamblea Nacional a la acción de Rosa Chalá

Un tribunal de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Manabí conocerá y resolverá sobre la apelación de la Asamblea Nacional y la Procuraduría del Estado a la acción de protección que se le concedió a Rosa Chalá, para que se le restituya el cargo de exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El tribunal está integrado por los magistrados Magno Intriago, Marco Ochoa y Carlos Zambrano, según consta en la web de la Función Judicial.

Aún no se ha definido la fecha de la audiencia, pero ellos deberán resolver si se ratifican o revocan la acción dictada por Manuel Ruiz, juez destituido el 12 de diciembre de la Unidad Multicompetente de Santa Ana (Manabí) por el Consejo de la Judicatura, debido a un expediente relacionado con el caso Petroecuador-Manzar.

Ruiz sentenció la restitución inmediata de Chalá y dejó sin efecto la resolución de censura y destitución que dictó la Asamblea en contra de ella y otros tres exconsejeros, por incumplimiento de funciones.

Chalá acudió al mediodía de ayer hasta el CPCCS para exigir que le devuelvan el cargo, pues ella quiere que las cosas vuelvan a como estaban antes de ser censurada. Es decir, quiere la consejería, la vicepresidencia, su oficina y el personal con el que trabajó, detalló.

Quería hablar con el presidente de la institución, Christian Cruz, pero este se encuentra en un viaje oficial, así que la recibió Hólger Prieto, coordinador administrativo, quien le explicó que no tienen notificación del reintegro.

La exconsejera advirtió que hoy se vencería el plazo de tres días para cumplir con la decisión, de lo contrario habrá acciones que podrían ser penales en contra de los legisladores.

Explicó que quiere trabajar en lo “estancado en muchas cosas”. Incluso quiere participar en el pleno que se realizará mañana en Guayaquil, pues insistió en que pese a que la Legislatura apeló a la sentencia de primera instancia, es de cumplimiento inmediato, y de ser así, Francisco Bravo deberá salir de su despacho, pues es su reemplazo por los cuadros de los Pueblos y Nacionalidades.

Cuando se le consultó por qué no puso la acción en Quito, guardó silencio unos segundos, dijo “gracias” y se marchó.

Walter Gómez, también censurado por el Legislativo y exvocal del CPCCS, adelantó que podría presentar un amicus curiae a la acción de Chalá para volver a ser consejero.

Desde el Parlamento no hubo hasta la tarde de ayer ningún pronunciamiento. (El Universo)