Juez y funcionaria judicial fueron destituidos por irregularidades en causa presentada por Jorge Yunda

Carlos Soto, juez de la Unidad Judicial Civil del Complejo Judicial Norte Iñaquito, cantón Quito y Gabriela Beltrán, oficinista auxiliar de la Unidad Judicial Especializada Tercera de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito; servidores judiciales relacionados con el sorteo de causas de los recursos constitucionales solicitados por parte de Jorge Yunda Machado, exalcalde de Quito, fueron destituidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), durante la Sesión Extraordinaria N° 100-2021, realizada este miércoles 06 de octubre.

Los funcionarios habrían infringido el numeral 13 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y habrían direccionado la petición de medida cautelar presentada por el señor Yunda y que está signada con el número 17230-2021-11165

La decisión del Pleno del máximo organismo de la Función Judicial se basa en los informes presentados por la Dirección Nacional de Transparencia que, tras las investigaciones correspondientes, determinó que desde el usuario y la IP de Gabriela B. se realizó el sorteo irregular, así como desde la IP que la servidora utiliza; y que, el juez Carlos S., pese a que tuvo conocimiento de la presunta irregularidad en el sorteo de la mencionada causa, realizó un cambio de tipo de acción de sumario para poder prevenir la competencia y continuó sustanciándola, generando que la irregularidad persista. Cuando lo correcto es que la misma, por su naturaleza, se haya sorteado entre todos los jueces de primer nivel.

En julio pasado y previo a la destitución, la Presidenta del Consejo de la Judicatura, Dra. María del Carmen Maldonado, dispuso medidas preventivas de suspensión, sin remuneración por 90 días, a dichos servidores judiciales, mientras se efectuaban las investigaciones por parte del CJ.

En razón de los hechos analizados durante la investigación y al presumir la existencia de actos que podrían constituir presunta infracción penal, el expediente que corresponde a este caso será remitido a la Fiscalía General del Estado, organismo en la cual ya existe una denuncia presentada por el Pleno del CJ.