La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador ha pasado al Pleno la petición de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por un presunto incumplimiento de funciones durante las protestas de octubre de 2019.
La Comisión, que estudiaba el caso como fase previa a un proceso en el Pleno de la Asamblea, recomendó el juicio político «una vez que se han evacuado todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo presentadas dentro del presente proceso de sustanciación, (..) y por haberse evidenciado de forma clara y categórica el incumplimiento de funciones».
El juicio político es pedido por los asambleístas opositores María de Lourdes Cuesta, Roberto Gómez Alcívar y Amapola Naranjo Alvarado, quienes acusan a Romo de no haber cumplido con sus obligaciones para resguardar la seguridad pública durante los disturbios.
El caso de la ministra pasa al Pleno con el voto a favor de 9 asambleístas, uno en contra y una abstención, y por dos de los tres causales de los que es acusada, entre ellos el uso de bombas lacrimógenas caducadas.
Romo, uno de los rostros más públicos del Gobierno de Lenín Moreno y quien ya ha estado sometida en el pasado a procesos similares, prestó el sábado declaración ante la comisión legislativa y aseguró que «la Policía respondió a la violencia extrema que hubo en octubre de 2019».
Las protestas de 2019 se originaron tras un decreto presidencial que anulaba históricos subsidios a las gasolinas y derivaron en un parón nacional con decenas de miles de manifestantes en las calles y carreteras del país.
Bloqueos de vías cruciales, toma de instalaciones estratégicas y choques entre manifestantes y fuerzas del orden fueron la nota dominante durante once días, hasta que Moreno derogó el decreto.
Un período en el que murieron una decena de personas y más de 1.500 fueron heridas.
«No es correcto hablar de los hechos de octubre como si hubiera sido igual a lo que ocurre en un día cualquiera. La Policía respondió a la violencia y el caos que se produjo en el país», dijo Romo el sábado.
Y aseguró que el Gobierno reconoce el derecho a la protesta en democracia, pero afirmó que lo que hubo fue una multiplicidad de actores, desde quienes sí demostraron un malestar por las medidas económicas, hasta quienes «buscaban subvertir el orden, crear el caos, con acciones de violencia organizada», según declaraciones reproducidas en un comunicado del parlamento. (EFE)