Este lunes se cumple una semana de la desaparición el pasado 26 de marzo de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrado en la frontera de Ecuador y Colombia, y del que no han trascendido noticias.
El equipo, integrado por el periodista Javier Ortega, 32 años, el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor, Efraín Segarra, de 60, se había desplazado desde Quito a la provincia de Esmeraldas (noroeste) para recoger testimonios sobre la situación en la zona fronteriza, escenario de ataques contra fuerzas ecuatorianas atribuidos a grupos organizados armados residuales.
El pasado 27 de enero un coche bomba estalló frente al principal cuartel de la policía de San Lorenzo, en esa provincia, provocando heridas a 28 personas y daños materiales en infraestructuras.
Tras ese atentado se produjeron varias agresiones en el área de la divisoria en los que murieron tres infantes de marina ecuatorianos y al menos una decena resultaron heridos, y cuya autoría se presume igualmente a grupos armados relacionados con el narcotráfico y otras actividades delictivas que lo amparan.
Debido a la situación en la frontera norte, el Gobierno de Ecuador decidió el pasado miércoles ampliar el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, de Esmeraldas, y anunció la creación de un Consejo de Seguridad Fronterizo.
El Ejecutivo ecuatoriano mantiene total discreción sobre las negociaciones que mantiene con los secuestradores del equipo periodístico, de las que solo ha trascendido que no han pedido rescate.
Aunque el Gobierno no se ha referido a ningún grupo en concreto, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Alberto Mejía, atribuyó la autoría del secuestro a disidentes de las FARC.
Desde su desaparición el pasado lunes grupos de periodistas, activistas, ciudadanos de toda índole y familiares, han realizado vigilias diarias en distintos puntos del país andino para pedir por su pronta liberación.
En los numerosos mensajes difundidos en redes sociales, se exige a los Gobiernos de Ecuador y Colombia que protejan a los desaparecidos y su captura es considerada como un ataque a la libertad de prensa.
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