Notifican sobre diligencias dilatadas en el caso ‘Gerald’

El caso judicial relacionado con alias ‘Gerald’ arroja más datos. Mediante un escrito entregado el 24 de octubre, la jueza de Garantías Penales, María Lorena Jaramillo, notificó a la Judicatura las supuestas dilataciones durante el proceso que la Fiscalía sigue contra siete personas procesadas por posible enriquecimiento ilícito.

Las solicitudes para que se difieran las audiencias, dijo Jaramillo, se deben a “maniobras (…) por parte de los procesados y sus defensores”.

Los acusados fueron aprehendidos el 13 de abril de 2017 en Manabí y Guayas durante el operativo Sol Naciente.

Esta incursión fue ejecutada por la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN).

De acuerdo con información policial, los detenidos eran los encargados de custodiar el dinero de alias ‘Gerald’, conocido también como el ‘Pablo Escobar ecuatoriano’.

El pasado 17 de octubre, el tribunal de Garantías Penales de Guayaquil dictaminó que ‘Gerald’ y los siete procesados, entre los que están su esposa, hermanos y primo, sean llamados a juicio. Hasta el jueves no se definía fecha de juicio.

Por eso, la jueza Jaramillo remitió hasta el Tribunal el documento en el que solicitó que se verifique si la interrupción de los plazos se debe a una intención, para que caduque la prisión preventiva.

De acuerdo con el sistema de la Función Judicial, solo la audiencia preparatoria a juicio se pospuso cuatro veces. La diligencia estaba prevista para el pasado 3 de octubre, luego pasó para el 5 y después para el 9. En esas ocasiones, el motivo era que las partes procesadas no habían sido notificadas.

Luego se dispuso la audiencia para el 12 de este mes. Sin embargo, fue postergada por un problema dental que padecía el abogado de Gerald y le impedía hablar. Finalmente se instaló oficialmente el 17.

El fiscal de garantías penales, César Peña, dijo que muchas veces la defensa de los procesados busca alargar las diligencias y audiencias para atrasar el caso. Para eso, se basan en el inciso 1 del artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece que la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en los delitos sancionados con una pena de hasta cinco años.

Según las investigaciones, los implicados usaban un sistema de cámaras de video vigilancia con circuito cerrado para detectar la presencia policial cerca de los inmuebles donde estaban las caletas con dinero ilegal.

La estructura estaba conformada también por dos abogados encargados de informar sobre investigaciones en su contra. Un Policía, en cambio, daba directrices para que las actividades sean seguras. (El Comercio)