Once países acordaron este martes en Quito acoger como válidos los documentos de ciudadanos venezolanos que emigren de su país, y que ya hayan expirado. Esto como una de las soluciones a la problemática migratoria que enfrentan naciones como Colombia, Ecuador y Perú.
Además, se exhortó al Gobierno de Nicolás Maduro a que «tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales, como cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos».
El retraso en la entrega de esos documentos, a criterio de los países participantes en una reunión de cancilleres organizada por el Gobierno Nacional, ha generado «limitaciones al derecho a la libre circulación y movilidad; dificultades en los procedimientos migratorios; impedimentos a la circulación extra regional; afectaciones a la inserción social y económica en los países de acogida; y, por el contrario, ha incentivado la migración irregular».
La Declaración de Quito fue firmada por los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Ellos se reunieron desde el miércoles en la capital de la República. No firmó Bolivia, y se espera que más tarde firme el representante de República Dominicana.
En el texto también se reconoció que «un volumen considerable de migración pendular y en tránsito, requiere del apoyo y la cooperación regional para el fortalecimiento de medidas para Colombia, dada su condición limítrofe con Venezuela, así como para Ecuador y Perú, dado que se genera un corredor migratorio hacia esos dos países».
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