Presidente Moreno veta parcialmente la Ley de Fomento productivo

El presidente de la República, Lenín Moreno, envió en la tarde de este miércoles 18 de julio su objeción parcial al Proyecto de Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. El mandatario vetó 66 apartados entre artículos y disposiciones transitorias del texto, entre los que destacan las remisiones y lo concerniente al Impuesto de Salida de Divisas (ISD).

“Básicamente es la misma que se envió a la Asamblea con algunas modificaciones que incorporó (el pleno), pero no está cambiando de esencia, se están corrigiendo más aspectos legales y formales”, dijo el Secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, la semana pasada. Y así fue: los cambios propuestos son redaccionales, bucando precisiones en los alcances, más no de fondo.

El artículo I del documento mantiene la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales internas, pero precisa los alcances de la medida, pues «no es parte del espíritu de esta Ley, el excluir los beneficios de la remisión para aquellos sujetos pasivos que son responsables del cumplimiento de la obligación tributaria». Igualmente, otras partes del veto ejemplifican precisiones en caso de impuestos vehiculares, obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), becas o deudas con la Autoridad Única del Agua.

En cuanto a los incentivos temporales de exoneración de impuesto sobre la renta para los sectores industrial, agroindustrial y agroasociativo, se propone «sean abordados como parte de los sectores priorizados, de igual manera, que las inversiones nuevas dentro de esos sectores en cantones de frontera gocen de una exoneración por impuesto a la renta de 15 años».  Argumenta el mandatario que, de esta manera, se simplifica la norma y la aplicación de la Ley.

Además, la revisión propuesta toca el alcance y condiciones de la exoneración del ISD para las nuevas inversiones que suscriban contratos. Se argumenta que si el texto legal condiciona el beneficio a rubros donde no exista producción nacional, se afecta su aplicabilidad. «El criterio no necesariamente es fácil de controlar, y tampoco se ajusta a la realidad. en muchos casos por requerimientos especificos de cada inversión».

El documento, de 154 páginas, será tramitado por el Legislativo en los próximos 30 días.