El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tendrá un presupuesto consolidado de USD 10 070 millones para 2023. El monto representa una reducción del 1% frente al 2022, que fue del USD 10 170 millones. El presupuesto lo aprobó el Consejo Directivo el 31 de diciembre pasado.
El rubro para pensiones para jubilados y el seguro salud son los que más disminución presentan este año (ver cuadro). Pero a su vez se incrementa el presupuesto en el Seguro Campesino.
Según el presupuesto, el seguro de pensiones jubilares tiene una disminución de USD 143 millones. Pasó de USD 6 686 millones en 2022 a USD 6 543 millones este año. Este rubo es el de la mayor asignación presupuestaria del IESS, ya que represente el 65% de todo el presupuesto.
Por su parte, el seguro de salud se reduce en USD 208 millones. La asignación de 2022 fue de USD 2 198 millones y este 2023 será de USD 1 990 millones.
Por su parte, el Seguro Campesino tiene un incremento de USD 213 millones. Pasó de USD 659 millones en 2022 a USD 872 este 2023. Los otros rubros se mantienen similares entre los dos años.
El Consejo Directo del IESS aprobó el presupuesto mediante Resolución 649, firmada por el presidente del Consejo Directivo, Alfredo Ortega; y la vocal de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez.
La aprobación del presupuesto se dio en medio de la pugna legal entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Frente Unitario de Trabajadores (FUT) por la representación de los afiliados en el Consejo Directivo.
El lío legal estalló después de que la Superintendencia de Bancos se negara a calificar los candidatos presentados por los dos sindicatos para formar el Consejo Directivo del IESS, ya que la Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social cambió el mecanismo de elección.
Pese a eso, un juez de Quevedo ordenó la calificación y posesión de Richard Gómez, candidato de la CUT, bajo la normativa anterior.
Patricia Borja, abogada experta en temas de seguridad social, señaló que la Sesión en la que se aprobó el presupuesto fue realizada por un Consejo Directivo conformado en contravención de lo previsto por la Ley Reformatoria, vigente desde el 1 de noviembre de 2022.
Asimismo, dijo que a Gómez no le corresponde ocupar el cargo. Esto pese a que «hay una sentencia dictada dentro de una acción de protección que, aunque es contraria a la Ley, brinda una apariencia de legalidad».
Además, todavía falta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Bancos ante la Corte Provincial.
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