El borrador del informe para segundo debate no plantea mayores cambios en cuanto a los incentivos para el empleo. Mantiene las deducciones adicionales de entre el 50 % y 75 % para aquellos que creen desde un puesto de trabajo.
Tampoco cambia la remisión de multas, intereses y recargos a los deudores del Servicio de Rentas Internas (SRI).
El correísmo solicitó que no se incluya a familiares de funcionarios del poder Ejecutivo y Legislativo. Esto por la relación que, por ejemplo, podría haber entre el Grupo Noboa y el Presidente de la República, Daniel Noboa. Pero el texto como tal no ha cambiado.
«Puede haber conflicto de intereses para quienes se benefician de la remisión tributaria; todavía no consta en el informe final. Es necesario que se incorpore aquello», sostuvo el legislador Blasco Luna, haciendo referencia la exclusión de familiares de autoridades.
Inquietudes de los asambleístas
Los asambleístas dicen que tienen algunas dudas jurídicas sobre las alianzas público-privadas, pero resaltan que la propuesta garantiza los derechos laborales en las nuevas zonas francas.
Otra de las inquietudes que los legisladores presentaron era sobre la posibilidad de reperfilar la deuda pública hasta por 30 años. El borrador elimina esa parte y habla más bien de unificar acreencias por acreedor con plazos hasta el 2050. Entre ellas están bonos y obligaciones contractuales del Ministerio de Economía y entidades financieras públicas.
«Está planteado solo para una renegociación de la deuda, mas no para tocar los fondos de reserva», dijo la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno.
Sin embargo, los legisladores resaltan que es un texto perfectible y que precisamente el debate servirá para realizar los cambios necesarios que permitan su aprobación en la mesa y en el Pleno.