Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones no aparecen únicamente en expedientes policiales. El Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador 2025, el más reciente del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), señala que estas estructuras compiten por territorios, especialmente en zonas costeras, y funcionan como proveedores logísticos para redes internacionales de narcotráfico.
En esos mismos territorios existen comunidades donde conseguir un ingreso estable puede ser difícil. El OECO advierte que la situación socioeconómica debe formar parte de las políticas de prevención y pide priorizar a jóvenes, desempleados, personas en situación de pobreza y menores que han quedado fuera del sistema educativo.
Falta de empleo golpea a comunidades de Manabí
En Pozo de la Sabana, entre Montecristi y Jaramijó, Wendy Delgado cuenta que una de las pocas actividades disponibles para algunas mujeres depende de la llegada de camiones cargados de pescado. Por limpiar una gaveta de pinchagua reciben $2; si es botella, $1,50.
Con tres camiones, una trabajadora podría completar unas seis gavetas. Pero eso no ocurre todos los días. “A veces semanas enteras sin trabajo”, relató Delgado. Cuando llega un solo vehículo, el ingreso puede quedarse en apenas $2 o $3.
El problema laboral trasciende a Manabí. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) Anual 2024, publicados por el INEC en 2025 y recogidos por el OECO, alrededor del 35 % de la población tenía empleo adecuado y el 21 % estaba en subempleo.
Además, el 52,4 % de las personas ocupadas trabajaba en la informalidad; en el área rural, esa proporción llegaba al 73 %.
Pescadores enfrentan jornadas irregulares, gastos constantes y el riesgo de perder sus equipos por robos.
Pescadores enfrentan deudas y robos en Manabí
La pesca tampoco garantiza ingresos permanentes. Lorgio Muñoz tiene 77 años y comenzó a trabajar en el mar cuando apenas tenía 14. Más de seis décadas después, resume la situación actual así: “Por el lado del pescador, está mala la cosa. Bien difícil”.
Cuando hay producto, explica, el dinero no queda únicamente en manos de quien sale en la lancha: también venden las tiendas, los pequeños comercios y los ambulantes. Cuando escasea, ese movimiento también se detiene. La gasolina se consume igual y los equipos continúan desgastándose aunque la faena no produzca.
Para quienes financiaron sus herramientas con préstamos, el problema se agrava. Muñoz sostiene que existen pescadores que comprometen terrenos o viviendas para acceder a créditos y luego deben cubrir las cuotas aun cuando la pesca no responda.
A esa carga se suma la inseguridad. “Aquí han llevado motores como usted no se imagina”, asegura el pescador. Hugo Alfredo Sabando Santana, habitante de Jaramijó y servidor del gobierno local, coincide: relata que los trabajadores se endeudan para comprar sus implementos y después pueden perderlos por robos.
Manabí y el impacto de las muertes violentas
La provincia cerró 2025 con 1.271 homicidios intencionales, según el boletín anual del OECO. Manabí concentró el 13,79 % de las muertes violentas del país y alcanzó una tasa de 74,1 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Además, la Zona 4, que comprende Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, fue la zona de planificación con el mayor incremento de homicidios entre 2024 y 2025: pasó de 938 a 1.427 víctimas, un aumento del 52,1 %.
En comunidades como Pozo de la Sabana, los jóvenes deben salir a otros sectores para continuar sus estudios.
Jóvenes, empleo y riesgo frente al crimen organizado
Sabando pone el foco directamente sobre los jóvenes. Según él, la mayoría busca “un trabajo digno”, pero la falta de empleo y la inseguridad les dificultan encontrar una ocupación estable en Jaramijó.
Cuando durante la entrevista se le preguntó si la falta de oportunidades podía empujar a los muchachos hacia actividades ilícitas, respondió que precisamente se necesitan empleos y seguridad para que las nuevas generaciones “no cojan ese mal camino”.
La advertencia de Sabando coincide con el enfoque preventivo del OECO. El organismo no sostiene que el desempleo convierta automáticamente a una persona en delincuente, pero sí identifica la falta de empleo, la pobreza y la exclusión educativa como condiciones que deben atenderse para impedir que la criminalidad siga expandiéndose.
Jóvenes deben salir de sus comunidades para estudiar
En Pozo de la Sabana, esas limitaciones comienzan desde la escuela. Delgado señala que el plantel de la comunidad llega solamente hasta séptimo año. Quienes quieren continuar sus estudios deben salir hacia otros sectores.
La comunidad tampoco cuenta con un servicio regular de transporte para los estudiantes. Doris Quijije explica que unos deben desplazarse hasta Jaramijó, otros a Montecristi y algunos jóvenes a Manta para cursar la universidad. Los propios padres acuerdan y pagan los vehículos que llevan a sus hijos.
Ni siquiera terminar una carrera asegura una oportunidad cercana. Delgado afirma que existen habitantes con títulos universitarios que no han podido ejercer porque no consiguen empleo en su profesión.
A eso se suma que, según la misma habitante, alrededor de Pozo de la Sabana no existen empresas. El bus que circula por la zona transporta únicamente a trabajadores y no funciona como servicio regular para la comunidad.
La movilidad también representa un gasto para quienes deben salir. Delgado señala que una mototaxi cobra $1 por persona para ir desde la comunidad hasta Jaramijó y hasta $2 para regresar. Ese último valor equivale a lo que algunas mujeres reciben por limpiar una gaveta completa de pinchagua.
Cuando hay pesca, el movimiento beneficia también a comerciantes y trabajadores que dependen de esta actividad
Grupos criminales aprovechan los vacíos del Estado
Para el analista político Mauricio Alarcón, lo que ocurre en Manabí debe mirarse como parte de un problema que también alcanza a otras provincias del país. Según su análisis, territorios como Esmeraldas, Sucumbíos y El Oro enfrentan situaciones similares cuando las necesidades de la población no encuentran respuesta estatal.
“La ausencia del Estado genera un vacío y un paquete de necesidades insatisfechas”, sostiene. A su criterio, esos espacios terminan siendo aprovechados por los grupos de delincuencia organizada (GDO), que llegan incluso a asumir funciones que deberían corresponder al Estado. Alarcón menciona como ejemplos la seguridad e incluso determinadas ayudas relacionadas con salud.
En el caso específico de los jóvenes, considera que “la falta de oportunidades los convierte en fuertemente vulnerables frente a las oportunidades que les presentan los grupos de delincuencia organizada”.
Alarcón señala que detrás de quienes terminan vinculándose a actividades ilícitas también existen necesidades económicas y familiares. Explica que, al conversar con personas que han tomado ese camino, algunas argumentan que necesitan generar ingresos para mantener a sus familias. “¿Es justificable? Por supuesto que no. Pero ellos tienen una justificación”, precisa.
Para el analista, “mientras no se ataque el problema de fondo, vamos a estar en este espiral sin fin”.
¿Cómo influye la falta de oportunidades?
Rodrigo Ríos, psicólogo forense y coordinador de la Escuela de Psicología de la UIDE, explica que la falta de oportunidades educativas o laborales puede afectar la autoestima, la autonomía y la percepción de futuro de una persona.
En ese contexto, señala, el crimen organizado puede aparecer como una “alternativa rápida” para obtener ingresos. A esto se suma que, en algunos casos, para estudiar o acceder a un empleo es necesario salir de la comunidad, lo que puede debilitar los vínculos familiares, barriales y culturales.
Esta situación puede generar desarraigo, frustración y pérdida del sentido de pertenencia, factores que, según Ríos, pueden ser aprovechados por grupos delictivos para atraer a jóvenes y otros habitantes de comunidades vulnerables.
“La respuesta no puede ser únicamente policial”, sostiene. A su criterio, también debe incluir acciones educativas, psicológicas, familiares y sociales.
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