El Riesgo País de Ecuador, que mide el nivel de posible insolvencia de un Estado, llegó a 594 puntos, 232 unidades menos que el valor que tenía el 31 de diciembre pasado, cuando alcanzó los 826 enteros.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia explicó, en un comunicado, que el Riesgo País se redujo en 232 puntos gracias, entre otros cosas, al aumento del nivel de confianza internacional de Ecuador que se consolidó durante los dos primeros meses de este año.
El Riesgo País había llegado a los 826 puntos el 31 de diciembre pasado, según indica la información estadística del Banco Central, en la que se señala que el 28 de febrero de este año el indicador cerró en 594 unidades.
«El menor déficit fiscal registrado en seis años, la participación de Ecuador en el Foro Económico Mundial, en Davos- Suiza, y el anuncio de los acuerdos con organismos internacionales», han sido factores que han incidido en la reducción de este índice, agregó la Secretaría de Comunicación.
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, destacó que las decisiones económicas del Gobierno «han sido respaldadas por la comunidad internacional» y señaló que el equipo gubernamental se ha enfocado en «la construcción de relaciones económicas internacionales con diversos actores y países».
El Gobierno de Ecuador destacó a inicios de febrero el apoyo de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) y del sistema de Naciones Unidas a su programa económico y al denominado Plan de Prosperidad hacia 2021.
Esos organismos, agregó el Ejecutivo, «observan con optimismo las reformas económicas que ha venido realizando» Ecuador para alcanzar una «economía sólida» y «el fortalecimiento de la dolarización, como marco fundamental para garantizar el mejoramiento de los indicadores sociales y la lucha contra la corrupción».
Asimismo detalló que el Plan de Prosperidad se ejecutará sobre la base de cuatro pilares que incluyen la «Consolidación fiscal y estabilidad monetaria», la «Igualdad de oportunidades y protección social», el «Empleo y reactivación productiva» y el «Manejo eficiente y transparente de los recursos». (El Telégrafo)