El Gobierno anunció este viernes que extenderá hasta abril la declaración de emergencia que aplica en varias provincias del país desde el año pasado, ante el inusual flujo de ciudadanos venezolanos.
El anuncio lo realizó el subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante, Jorge Icaza, durante la VIII Mesa de Movilidad Humana, que se desarrolla en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro.
La emergencia rige en las provincias de Carchi (fronteriza con Colombia), Pichincha (cuya capital es Quito) y El Oro (limítrofe con Perú), que fueron las más afectadas hace algunos meses por el inusual flujo masivo de ciudadanos venezolanos.
Según cifras de la Cancillería ecuatoriana, en los últimos cuatro años han ingresado en Ecuador más de 1,3 millones de venezolanos, de los cuales unos 250.000 permanecen aún en territorio nacional.
La ampliación de la declaratoria se anunció un día después de que la Corte Constitucional, el máximo organismo de control legal de Ecuador, suspendiera de forma provisional la aplicación de una serie de requisitos que el Gobierno había ordenado el año pasado para regular el ingreso de ciudadanos venezolanos.
La Corte acogió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo y aceptó su solicitud de suspender de forma provisional varios acuerdos ministeriales que exigían requisitos adicionales para ingresar, como pasaportes actualizados y un registro de antecedentes penales, entre otros.
En la demanda, la titular en funciones de la Defensoría del Pueblo, Gina Benavides, acompañada por otros representantes de organismos de derechos humanos, aseguró que los acuerdos ministeriales atentaban «contra el principio de igualdad y no discriminación» establecido en la Constitución.
Asimismo, señaló que la normativa interna y regional permite el ingreso y circulación de ciudadanos suramericanos con la sola presentación del documento de identidad, por lo que aplicar los requisitos adicionales a los venezolanos «genera un trato diferenciado que resulta discriminatorio» y atenta contra el principio de igualdad.
La exigencia del pasaporte a finales del año pasado, ante el aumento inusitado del flujo migratorio de venezolanos por la región, así como la presentación del llamado «pasado judicial», en febrero anterior, fue cuestionada por organismos de derechos humanos.