“Estoy retirado para siempre de la política”, dijo Alexis Mera a este Diario en dos ocasiones en los últimos dos años cuando se le solicitaron entrevistas sobre la coyuntura nacional.
Tras salir de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, al terminar el gobierno de Rafael Correa, Mera retomó sus actividades profesionales jurídicas. Esto fue mientras esperaba el beneplácito de Estados Unidos a la nominación como embajador de Ecuador que hizo el mandatario Lenín Moreno, la cual finalmente no llegó.
Pero también fue asiduo visitante de la Fiscalía General y de la Corte Nacional de Justicia, primero en calidad de versionante en casos de presunta corrupción que involucraban a excolegas de Gobierno, como el exvicepresidente Jorge Glas, y luego como defensor de otros, entre ellos, el propio Correa.
Su última visita, en cambio, fue como acusado de concusión tras la investigación de supuestos aportes económicos ilegales a Alianza PAIS por parte de multinacionales, como la brasileña Odebrecht, en el caso que se denomina Arroz Verde.
En total, según registros periodísticos participó en diligencias en al menos siete ocasiones.
Como testigo acudió, por ejemplo, en julio de 2017, a Quito, en el caso de pago de sobornos de Odebrecht.
Ahí Mera manifestó que ni en la Secretaría Jurídica, que ocupó entre 2006 y 2017, ni en la Presidencia de la República se analizaban o se decidían adjudicaciones de contratos.
Pero aseguró, al contestar las trece preguntas formuladas por quien entonces era fiscal de la Unidad de Lucha Anticorrupción, Diana Salazar, hoy fiscal general, que las negociaciones para el retorno de Odebrecht las había realizado Glas, quien cuatro meses después fue condenado por asociación ilícita a seis años de cárcel.
En septiembre, Mera fue a la Fiscalía a ampliar su versión por este mismo caso, pero esta vez lo hizo desde Guayaquil y contestó cuatro preguntas.
Para noviembre, el exfuncionario se convirtió en el primer testigo de la cuarta jornada de juicio por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
El pasado 14 de mayo, Mera fue llamado a rendir su versión en el caso Arroz Verde. Negó cualquier relación y dijo que acudía a la Fiscalía para “dar la cara”. “No voy a esconderme y voy a responder a cada infamia que tenga que recibir”, señaló.
Al ser amigo personal de Correa, a quien conoció en los grupos pastorales del colegio Cristóbal Colón, y su brazo ejecutor en temas jurídicos en la Presidencia, Mera asumió su defensa en varios procesos.
En el caso Singue, que investiga la concesión de ese campo petrolero, fue a la Fiscalía en Quito en marzo de 2018.
Ahí asesoró a Correa en la versión que rindió a través de videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Bélgica.
Por el caso del secuestro del activista político Fernando Balda presenció la versión del exmandatario, en mayo de 2018; él ahora mantiene una orden de prisión preventiva.
En esta diligencia, el defensor de Fernando Balda, Felipe Rodríguez, recordó que la presencia de Mera fue como abogado y versionante.
En la investigación sobre la legalidad de la deuda externa contraída entre 2012 y 2017, Mera también actuó como abogado de Correa.
Pero Mera no solo defendió a Correa, sino también a los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, en febrero de 2018, por el supuesto delito de lavado de activos tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Ellos son buscados por la justicia. Fernando está procesado por peculado en el manejo de contratos de la Secretaría de Comunicación, de la que fue titular; se desconoce su paradero. De Vinicio, exsecretario de la Administración, la Fiscalía presume su participación en la trama de Arroz Verde.
Al momento, Mera está detenido en la cárcel 4, en Quito, mientras se desarrolla la instrucción fiscal ordenada por la jueza Daniella Camacho, la misma que condenó a Glas.
También la exministra de Vivienda y de Transporte María Duarte fue acusada de concusión en ese caso, pero por ahora no está detenida por tener un hijo menor de edad.
Mera, Duarte y Vinicio fueron vinculados tras las versiones que dio Pamela Martínez, exasesora de Correa, y las notas que ella llevaba en un cuaderno hallado en su departamento en la capital.
Que Mera haya pasado de defensor a acusado es, para el abogado de Balda, una muestra de que los “cerebros de un todo” pueden llegar a la detención: “Se creía intocable, yo soy de las personas que respetan la actuación probatoria en juicio… Es irrelevante que haya sido abogado o no, lo que se tiene que demostrar, en esta ocasión, (es) que haya exigido u ordenado que le entreguen dinero”.
César Montúfar, quien fue acusador particular en el caso Odebrecht, indicó que en el Gobierno anterior se diseñó una estructura legal para facilitar la corrupción, cuyo “principal artífice” fue Mera.
La muestra de ello son las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), Ley de Contratación Pública, a la Contraloría General y Procuraduría General: “Creo que sin Mera seguramente el correísmo no hubiera llegado tan lejos en términos de institucionalizar la corrupción en el país”.
Lo que dice la Ley:
Según el artículo 281 del Código Integral Penal (COIP), la concusión se configura cuando un servidor público o una persona que actúa en virtud de una potestad estatal ordena o exige la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas. Conlleva una sanción de tres a cinco años de privación de libertad, salvo si dicha conducta se realiza mediante violencia o amenazas, en cuyo caso la pena puede incrementarse de cinco a siete años. (El Universo)