Orden de prisión preventiva en calidad de autores contra el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, y 20 más con prohibición de salida del país y presentación periódica, entre las que están la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri, fueron la medidas dispuestas esta tarde por la jueza Daniella Camacho para las 22 personas que ahora son parte del caso Sobornos 2012-2016.
La prisión preventiva se extiende al exsecretario del Agua, Walter Solís; al ex Secretario de la Administración, Vinicio Alvarado; y a Yamil Massuh, exasesor de la ministra María de los Ángeles Duarte.
La jueza Camacho determinó que se oficie a la Policía y a la Interpol para que procedan a la captura de Correa, Solís, Alvarado y Massuh quienes están en Bélgica, Venezuela y Estados Unidos, respectivamente. Correa y Solís están prófugos de la justicia por secuestro y peculado, respectivamente. Glas ya cumple una condena de seis años en la cárcel de Latacunga por el caso Odebrecht.
Con ellas suman 26 personas las investigadas, tras la audiencia de reformulación de cargos contra el exsecretario Jurídico Alexis Mera y la ministra María de los Ángeles Duarte, también investigados en esta causa junto a Pamela Martínez y Laura Terán.
Los delitos que se persiguen en este caso son cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, todos con pena mayor a un año de prisión. Este fue uno de los elementos mencionados por la jueza para considerar que la medida de prisión preventiva es legal, constitucional y legal y que cumple todos los requisitos legales y los parámetros internacionales para su adopción.
Presentación ante jueces
Para los 17 vinculados restantes, la jueza dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica en la Corte Nacional de Justicia y en la Corte Provincial del Guayas, de acuerdo a sus domicilios. Desde el 12 de agosto para 14 que están en el país y, desde el 19 de agosto, los que están fuera del país deberán regresar para presentarse ante la Corte, la jueza negó el pedido de presentarse en los consulados de Estados Unidos, Holanda y China.
En cuanto a las medidas reales, se estableció la prohibición de enajenar bienes y la retención de fondos por $1’072.312,15 a cada uno de los 22 vinculados, pues el monto de $7.8 millones fue considerado excesivo para la jueza Camacho.
Al término de la audiencia, Fausto Jarrín, abogado de Correa, anunció que apelará la decisión de la jueza.
El miércoles último, en más de cinco horas, Salazar dio a conocer los 150 elementos de convicción, entre generales y particulares, que había encontrado para vincular a las 22 personas con el cometimiento de delitos como cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Según la teoría del caso de Fiscalía, la «organización» tenía como fin la obtención de dinero y en contrapartida se adjudicaba contratos con el Estado a empresas privadas.
Salazar explicó que entre la información recabada en estos meses aparecieron nuevas evidencias materiales, documentales y versiones que involucran en los hechos a los vinculados. Por ejemplo, las versiones de Mera, Martínez, Duarte, Viteri, del exministro Vinicio Alvarado, entre otras, fueron usadas como elemento de convicción en la formulación de cargos del miércoles.
Informes técnicos periciales para extraer la información del correo electrónico de Laura Terán y para materializar la información existente en varios equipos informáticos incautados en el edificio La Unión y que estaban a cargo de Martínez y Terán, cuando laboraban en la Presidencia de la República, además de los cuadernos escritos a mano por Martínez, fueron elementos importantes para la vinculación.
De Mera y Duarte se dijo que fueron funcionarios que «abusando» de sus cargos recibieron dinero en «efectivo y en especie» de empresarios. Mientras que de Martínez y Terán se explicó que eran quienes recibían valores que pasaban a ser anotados en un «completo sistema de registro» que incluyó códigos de identificación, montos, facturas, conceptos y saldos.
La modalidad que se habría usado para la operación consistía en la entrega de dinero en efectivo o a través del denominado cruce de facturas por servicios cuyo principal beneficiario fue el movimiento Alianza PAIS.
A partir de esta realidad, la fiscal Salazar ha descartado que los dineros recibidos sean parte de aportaciones voluntarias para campañas electorales. Explicó que de la parte procesada se ha tratado de desviar la atención al decir que se ha cometido una supuesta infracción electoral y no un delito penal.
Computadora
Dentro de lo hallado en la computadora personal de la exasistente de Pamela Martínez, Laura Terán, están 3.551 archivos, en los que se encontraron 18.031 correos electrónicos en diferentes carpetas signadas con nombres como Verde, Verde AM, Verde Final, Victoria Andrade II, Victoria Andrade Listado, Victoria II, Victoria III LT. (El Universo)