La Defensoría del Pueblo de Ecuador cifró ayer, 13 de octubre, en 1.121 las detenciones ocurridas durante las 11 jornadas de protesta popular a nivel nacional, contra las medidas de ajuste económico de corte neoliberal.
El estimado forma parte del reciente informe de la instancia, en el marco del paro nacional y el Estado de Excepción decretado por el presidente, Lenín Moreno, el 3 de octubre último.
Con datos desde el 3 de octubre hasta la víspera, el ente mantiene que el 97% de los arrestos corresponde a hombres, mientras el 3% restante son mujeres. Pichincha, donde se ubica esta capital, es la provincia con más detenciones (471), seguida por Guayas (308), Tungurahua (57), Azuay 55, Sucumbíos (41), Imbabura (39), Cañar (20), Esmeraldas (18), Chimborazo y Loja (17 cada uno), Morona Santiago (15), Orellana (14), Santa Elena (12), Los Ríos (10), El Oro (9), Manabí y Pastaza (8) y Cotopaxi (2).
En cuanto al rango de edad de los detenidos, el mayor porcentaje (26) corresponde a las edades de 20 a 24 años, seguida por las de 15 a 19 años (23), de 25 a 29 años (13) y las de 30 a 34 años (12).
De acuerdo con el balance, el total de muertos, fijado en cinco en el informe anterior, subió a siete. Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluisa Cusco, Inocencio Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa y Abelardo Vega Caizaguano son los nombres de las personas fallecidas en las manifestaciones contra el llamado paquetazo, del gobierno del presidente, Lenín Moreno, marcadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden.
El reporte también da cuenta de 937 personas heridas, atendidas por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Cruz Roja Ecuatoriana, 514 de ellas en Pichincha, 121 en Azuay y 46 en Guayas, al tiempo que suman 94 los pacientes recibidos en el Hospital de la Policía Nacional.
En las jornadas de protestas, mantenidas de forma ininterrumpida en muchas ciudades del país, miles de indígenas, campesinos, académicos, amas de casa, estudiantes universitarios y trabajadores, entre otros sectores, reclamaron la derogatoria del Decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y el diesel y provocó alzas en el transporte y los alimentos.
Los reclamos ciudadanos en las calles incluyeron archivar un paquete de reformas tributarias y laborales con recortes salariales y de vacaciones, entre otras, que responden a un ampliamente denunciado plan de ajuste, exigido por el Fondo Monetario Internacional para dar acceso a Ecuador a un crédito de 4.200 millones de dólares.
Al final de la noche de este domingo, indígenas y Gobierno llegaron a un acuerdo que llevó al presidente Lenín Moreno derogar el Decreto 883, el mismo que deja sin efecto, momentáneamente, la ejecución de las medidas económicas adoptadas e inicios de este mes.