La defensa de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, detenida desde mediados de octubre por el supuesto delito de rebelión, pidió su liberación de forma inmediata y que se garantice su regreso al cargo, tras conocer las medidas cautelares emitidas este viernes por la CIDH.
Ramiro Aguilar, abogado de Pabón, dijo a Efe que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conduce a que su defendida y otros dos acusados, Virgilio Hernández y Christian González, recuperen inmediatamente la libertad
«No hay otro camino que su liberación», reiteró Aguilar al señalar que en la resolución emitida por la CIDH da cuenta de la situación de hostigamiento al que han sido sometidos los detenidos.
Pabón y González habían sido detenidos pocos días después de las duras protestas de principios de octubre, contra unos ajustes económicos, sobre todo la eliminación de un subsidio al precio de las gasolinas atado a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las manifestaciones, lideradas por el movimiento indígena que ocurrieron entre el 3 y el 13 de octubre, concluyeron luego de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, diera marcha atrás en su decreto sobre la eliminación del subsidio a los combustibles.
No obstante, Moreno interpretó como un intento de golpe de Estado a los actos violentos de las manifestaciones y culpó de ello al expresidente Rafael Correa (2007-2017), salpicando así a varios de sus seguidores como Pabón, Hernández, González y otros.
Tras las protestas, que dejaron una docena de muertos, más de 1.300 heridos y un millar de detenidos, la CIDH visitó el país para constatar la situación de los derechos humanos ante las denuncias de actos violentos provocados por los manifestantes, así como de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
En la resolución emitida este viernes, la CIDH considera que se reúnen «los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad» en el estudio de este caso, por lo que solicitó al Estado ecuatoriano que adopte «medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad» de los tres acusados.
Aguilar aseguró que el próximo lunes pedirá «una reunión con el Estado ecuatoriano»; es decir con la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, para que se dé cumplimiento a las medidas cautelares de la CIDH.
El abogado recordó que integrantes de la CIDH, en la visita que hicieron a Ecuador, también sufrieron el hostigamiento estatal cuando fueron a entrevistarse con Pabón en la cárcel de máxima seguridad de la ciudad andina de Latacunga.
La CIDH, añadió el letrado, hizo una revisión de tres elementos sobre «la gravedad de la situación, la urgencia y el daño irreparable» que se podrían generar si no se dictaban las medidas cautelares.
Además, la Comisión ha considerado que «el Estado ecuatoriano está obligado a precautelar (proteger) la condición de prefecta de Pichincha de la señora Pabón», pues «ella ha estado impedida de ejercer el cargo por un acto ilegítimo del Estado».
Aclaró que el proceso judicial contra Pabón «no es materia de la medida cautelar», aunque sí «la condición» de los derechos de los acusados.
Aguilar rechazó el proceso por rebelión que se sigue contra Pabón y los otros, pero dijo temer que, en una maniobra, la Fiscalía reformule los cargos y los acuse de «instigación».
De toda maneras, el letrado aseguró que la defensa de los acusados exigirá la inmediata liberación de Pabón, quien está detenida desde el pasado 14 de octubre.
«Entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma», escribió entonces Pabón en su cuenta de Twitter. EFE