El juez de garantías penales de Manabí dictó la tarde de este 15 de mayo prisión preventiva para 7 de los 9 detenidos por un caso de corrupción relacionado a construcción de obra pública en la provincia. Para los otros dos investigados se dispuso medidas sustitutivas.
En contra de ellos se formularon cargos por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Todos fueron aprehendidos en varios allanamientos ejecutados el 14 de mayo en Pedernales, Bolívar, Sucre y Portoviejo.
El magistrado también ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de valores y fondos que todos los procesados posean en el sistema financiero nacional (sea titular o firma autorizada). Además, que sus bienes, que constan como evidencia, sean incautados.
El caso se deriva de una investigación que, según dijo la ministra María Paula Romo, se realiza desde hace meses y que está vinculada con la construcción del Hospital Básico de Pedernales, obra que seguirá su curso, pese a que uno de los accionistas del consorcio al que se le adjudicó el contrato de 16,4 millones de dólares está entre los detenidos.
Durante los allanamientos, la Policía incautó 1,6 millones de dólares, entre efectivo y cheques, 3 armas, un chaleco antibalas, 36 cartuchos 9 milímetros, 14 terminales móviles, 3 vehículos, 3 CPU y 4 laptops, y otros elementos que fueron presentados durante la audiencia, como los informes de interceptación telefónica y de triangulación de llamadas, que determinan la relación entre los procesados, el informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), que da cuenta de su actividad económica y de la relación con la construcción del hospital.
Además, la Fiscalía presentó un informe de BanEcuador que hace referencia al movimiento de dinero de la cuenta para la construcción del mencionado hospital y el retiro de más de 100.000 dólares en cheques cobrados por los procesados, dos de ellos servidores públicos.
Por la mañana, Geovanni Ponce, director de la Policía Judicial, habló de una “estructura delictiva”, en la que se encuentra Jean Carlos Benavides, uno de los asesores del asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza. Todos, según Ponce, investigados por asociación ilícita, tenencia y porte de armas de fuego, cohecho y enriquecimiento ilícito.