La espera de Pedernales por un hospital se alarga y no se sabe con exactitud por cuánto tiempo más. Tras la terminación unilateral del segundo contrato con el Consorcio Pedernales – Manabí, involucrado en el caso de corrupción que vincula a asambleístas, el Gobierno esperaba recuperar en agosto los 7,9 millones de dólares del anticipo que le dio a la compañía para la construcción del tan esperado centro hospitalario y adjudicar la obra en septiembre, pero ese plazo ya no se cumplirá.
Por ahora, la construcción de ese hospital depende de que una jueza de la Unidad Civil de Guayaquil revoque las medidas cautelares que solicitó Seguros Confianza, la aseguradora de la obra, el pasado 25 de agosto y que dejan sin efecto el pago de las garantías del buen uso del anticipo que el Gobierno necesita para poder subir nuevamente el proceso y adjudicar el proyecto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
“Nuestro plan A es cobrar esa póliza”, dijo este 7 de septiembre el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, en una rueda de prensa acompañado por el vicealcalde de Pedernales, Luis Cevallos; el líder de las Fuerzas Vivas, Jhonny Toapanta, y el gobernador de Manabí, Tito Nilton Mendoza.
Aunque Martínez no quiso precisar qué otras alternativas baraja el Ejecutivo para cumplir con la promesa de darle un hospital a Pedernales, sí reafirmó, como lo había adelantado EXPRESO el pasado 30 de agosto, que en este momento no cuentan con más dinero que el ya desembolsado en marzo de este año.
“Nuestra situación fiscal es muy grave, la situación del Gobierno es compleja, estamos enfrentando una pandemia y los recursos son escasos, muy escasos. Por eso nuestro plan principal es el cobro porque no podemos permitir que teniendo de nuestro lado la razón no podamos hacer que se cobre efectivamente esta póliza”, precisó Martínez.
Esta sería la tercera ocasión que el Gobierno intenta levantar el hospital de Pedernales, una promesa incumplida tras el terremoto que azotó Manabí, y a ese cantón en particular, en abril de 2016 y que estuvo todos estos años en manos del ahora extinto Servicio de Contratación de Obras (Secob).
Los dos procesos anteriores fueron tumbados tras su vinculación con casos de corrupción. Por el último están procesados el exasambleísta Daniel Mendoza, el legislador Eliseo Azuero, el exdirector del Secob, René Tamayo, y el procurador común del consorcio constructor, José Véliz, quienes, según la Fiscalía, pretendían utilizar el dinero de la construcción del hospital para coimar a asambleístas.
Seguros Confianza señala que “gran parte del anticipo”, unos 5,8 millones, está depositado en dos cuentas que están a nombre del Consorcio Pedernales – Manabí y que ha sido retenido por la Fiscalía como parte de la investigación, por lo que, considera, pueden “ser recuperados a través de la cooperación interinstitucional”.
“Nosotros podemos solicitar la devolución de esos fondos y pueden ser negados por el juez. No puede ser materia de discusión el pago de una póliza que tiene condiciones de ser irrevocable, de pago inmediato e incondicional. La postura de la compañía de seguros es que nosotros hagamos de agente cobrador, cuando son ellos los que tienen que cubrir su obligación”, mencionó Martínez sobre la postura de Seguros Confianza.
“No puede ser que la jueza ponga el bien constitucional de una empresa por encima del bien común de más de 70.000 pobladores de la zona norte de Manabí, porque con esta decisión no solo afectan a Pedernales”, dijo Luis Cevallos, vicealcalde del cantón.
El ministro espera que la jueza se pronuncie en estos días tras la documentación entregada por la institución la semana pasada, por lo que si se revoca la medida prevé que la adjudicación de la obra se pueda dar “a más tardar en octubre”, pero si eso no ocurre, señala, tienen “otros recursos que agotar y estrategias que implementar” que no detalló. Lo que conllevaría mucho más tiempo del esperado.