El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a 22 años de prisión a Pedro Antonio R.M. un hombre de 34 años de edad acusado de haber violado a su sobrina de 13 años. Así lo dio a conocer la Fiscalía el lunes 14 de septiembre del 2020.
La víctima, según informa la Fiscalía en su sitio web, quedó a cargo de su abuela materna luego del deceso de su progenitora, pues su padre inició otro compromiso y su madrastra y hermanastras no quisieron convivir con la menor de edad, que tenía siete años en ese entonces.
Fue en la casa de la abuela en la que Pedro Antonio R.M. «violó repetidamente a la adolescente, amenazándola con matarla si contaba los hechos».
La abuela, asegura la Fiscalía, «tenía conocimiento de lo que sucedía, incluso lo habría presenciado una vez. Pero, en lugar de evitarlo o denunciarlo, agredía verbalmente a su nieta con adjetivos despectivos, incluso con amenazas e intentos de golpearla».
En marzo del año 2017, la menor de edad visitó a otro tío materno y le contó a su esposa que no quería volver a la casa de su abuela, pues su tío la violaba desde el año 2016. Entonces se presentó la denuncia.
Luego de que la adolescente acusó a Pedro Antonio R.M., «tanto el agresor como la abuela realizaron actos de amenazas y persecución» en su contra con el fin de que desistiera de denunciar a su tío, lo que llevó a que sea ubicada «en un lugar seguro». Posteriormente, su custodia le fue entregada a su otro tío y a su esposa.
Durante el juicio, señala la Fiscalía, «el acusado se acogió a su derecho constitucional al silencio».
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha condenó a Pedro Antonio R.M. «con el sustento probatorio de la reproducción del testimonio anticipado de la víctima, más los peritajes de entorno social, médico legal y psicológico», asegura la Fiscalía.
Además de la pena de privación de la libertad se estableció una reparación integral inmaterial para la adolescente que, según la pericia de su entorno social se sintió desprotegida durante años.
Así, se determinó la no repetición de los hechos, el conocimiento de la verdad y el tratamiento psicológico para la menor de edad en la red de salud pública, según consta en la sentencia condenatoria notificada por escrito al fiscal de la causa Hugo Pérez, del cantón Pedro Vicente Maldonado.