Las amenazas a la fiscal comenzaron hace tres meses. Justo después de que se iniciaron las investigaciones por un presunto acto de corrupción durante la emergencia sanitaria.
Desde entonces, la investigadora acude a cada diligencia custodiada por cuatro policías. Ellos la rodean al caminar y cuando está en las audiencias no la dejan sola. Lo mismo ocurre cuando viaja a otras provincias o cuando simplemente va a su casa a descansar. Los custodios tienen la orden de protegerla las 24 horas del día.
Pero la funcionaria no es la única fiscal que ha sido amenazada por su trabajo durante los últimos meses.
Anahí Briceño, directora del Sistema de Protección de la Fiscalía, lo confirma. Esa dependencia tiene datos que revelan que las amenazas a fiscales se incrementaron cuando se aperturaron 120 investigaciones por actos de corrupción, en su mayoría relacionados con la compra y venta de insumos médicos.
De hecho, los reportes oficiales indican que en lo que va del 2020, 28 fiscales han sido amenazados o intimidados por su trabajo. Esa cifra es la más alta en los últimos cinco años.
Desde el 2015, la Fiscalía ha reportado cada año un promedio de nueve investigadores amenazados.
Estos funcionarios también fueron incluidos en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
Lo mismo ocurre con los jueces que reciben intimidaciones. Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos son las provincias con mayor número de funcionarios judiciales amenazados. Entre el 2019 y lo que va de este año, 20 magistrados a escala nacional también recibieron protección.
El último caso que se hizo público fue el de un juez de Guayaquil que conoció, un proceso por un presunto delito de delincuencia organizada.
Tres sospechosos le dijeron al magistrado que “tiene tres opciones” para actuar con uno de los procesados o se debía “atener a las consecuencias”. El abogado del imputado aseguró que esas amenazas no estaban ligadas a su cliente.
Sin embargo, tras conocer la alerta, el Consejo de la Judicatura activó el protocolo de seguridad para ese juez.
¿En qué consiste ese mecanismo? Para solicitar protección, los funcionarios judiciales deben hacer una solicitud a la Dirección del Consejo de la Judicatura, en la que expliquen cómo ocurrió la intimidación.
Luego, la entidad analiza el requerimiento y oficia al Ministerio de Gobierno. Esta Cartera de Estado hace un análisis de riesgo y dispone a los policías que les brinden seguridad.
Por ejemplo, el año pasado, una jueza de Guayas fue emboscada por un auto y dos motos, cuando salía del trabajo. Uno de los sospechosos le apuntó con un arma de fuego, la insultaron y luego huyeron. Este hecho ocurrió un día después de que la magistrada llamó a juicio a tres procesados por tráfico de drogas. Tres agentes la custodiaron durante un año. También fue trasladada a otra unidad judicial.
El Reglamento de Actividades de Protección Pública de la Policía (art. 17) establece que los agentes brindarán seguridad a los funcionarios que corren riesgo por seis meses y se puede renovar por un año.
Así fue como en abril del 2019 le designaron un agente a una jueza de Pichincha que estaba a cargo del caso de la desaparición del joven David Romo. A ella, por mensajes de WhatssApp, le dijeron “actuará pensando en el duro trabajo de investigación”. “Estamos pendientes de ti”. Su nivel de riesgo alcanzó un 84%.
Un caso similar vivió una fiscal de Quito en el 2019. La funcionaria contó que tras judicializar a tres hombres, quienes formaban parte de una banda de sacapintas (robos en exteriores de bancos), recibió una carta en su casa que decía “te vas a morir, contratamos un sicario”. “Tuve miedo sobre todo por mi hijo de dos años, por eso decidí salir del país durante un mes y medio. Cuando regresé, me asignaron a dos agentes que me seguían a todo lado”, relató la fiscal.
Un caso similar le ocurrió a una fiscal de género de Latacunga. Tras imputar a dos personas por el delito de violación contra una menor de edad. El padre de uno de los procesados le dijo a la funcionaria “cuídate porque te ocurrirá lo mismo que a esa niña”. La amenaza ocurrió dentro de la Unidad Judicial donde se realizó la audiencia del caso. (El Comercio)