Con 45 firmas de respaldo, los asambleístas Roberto Gómez (ex CREO) y Amapola Naranjo (RC), presentaron una nueva solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusándola de incumplimiento de funciones por un supuesto reparto de hospitales y otros espacios de administración pública a cambio de votos en la Asamblea Nacional.
Actualmente, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tramita el tercer pedido de juicio contra Romo, acusada de incumplimiento de funciones en el paro nacional de octubre de 2019. El proceso se encuentra en la etapa de pruebas de cargo y de descargo.
El nuevo pedido de juicio oficializado, este 22 de octubre, se sustenta en un boletín emitido por la Fiscalía General del Estado del 29 de septiembre, y la resolución del pleno de la Asamblea Nacional del 27 de agosto pasado.
En el boletín, según la solicitud presentada, la Fiscalía comunicó que obtuvo los testimonios de los implicados en el “reparto de hospitales” en los que confiesan que la Ministra María Paula Romo, es quien autorizaba todas las cuotas políticas para aprobar leyes y archivar juicios políticos.
En cambio, la Asamblea mediante resolución exigió la remoción de la Ministra de Gobierno al haber confesado que recibió propuestas de nombres, por parte del ex asambleísta Daniel Mendoza, investigado por corrupción, y que luego fueron designados en cargos públicos contribuyendo a la violación a la Ley y que derivaron en graves perjuicios al Estado.
El expediente entregado para el trámite del juicio, se incluye el testimonio anticipado del ex asambleísta Daniel Mendoza, del 29 de septiembre de 2020, dentro de juicio penal por delincuencia organizada donde indicó: “…cuando se gestionaba el juicio político a María Paula Romo, fue la Ministra quien me aseguró que la designación de Tito Nilton se daría luego de que en la Asamblea se archivara la causa en su contra. Entonces, con mi voto se archivó el caso y así se designó a Tito Niltón como Gobernador. Daniel Mendoza también señaló que “en las reuniones de los temas legislativos se hablaba de esa suerte de cuotas políticas. Esto ocurrió siempre desde que yo fui legislador”.
En el documento también consta que Daniel Mendoza confesó que “siempre existía un asesor que hacía de puente entre los legisladores… cuando Paúl Granda estuvo en la Secretaría de la Política, esta persona era Paúl Bejarano. En el caso de la ministra Romo fue Fausto Holguín”.
También se incluye el testimonio de Jean B. ex asesor de Mendoza, donde expresó que al ex asambleísta le entregaron la Dirección Regional de la Agencia Nacional de Tránsito en Manabí, que comprendía los cantones de El Carmen, Portoviejo y Manta, de donde se recaudaba alrededor de $2500 diarios como parte de la emisión de licencias. Este dinero iba destinado a la gestión del movimiento político que presidía Mendoza, y reconoció que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Los interpelantes, en el expediente, señalan que la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa sobre la entrega de cargos públicos a cambio de favores políticos en el sector salud, por el presunto delito de tráfico de influencias, tal como lo comunicó la institución en la publicación efectuada en la red social twitter el 31 de agosto de 2020.
Que por las acciones de la Ministra de Gobierno, afirman los asambleístas, resulta evidente que la funcionaria ha incumplido los deberes constitucionales y legales impuestos mediante los artículos 83.1 de la Constitución, 22.a) de la Ley de Servicio Público, además impulsó la violación del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo cual debe ser censurada y destituida sin perjuicio de que en las investigaciones posteriores que la Fiscalía General del Estado realizará basándose en estos procesos legislativos y en sus propias indagaciones, se determine si fue beneficiaria o conocía de la corrupción y de los dineros ilícitos que circularon al haber entregado ella los cargos.
Además aseguran que la Ministra acusada incurrió en falta de probidad al ejercer la coordinación política con la Asamblea Nacional, pues el artículo 21 del Código Orgánico Administrativo establece que los servidores públicos deberán aplicar el principio de ética y probidad durante el ejercicio de sus funciones. Esto es, actuar con rectitud, lealtad y honestidad en el cumplimiento de las atribuciones emanadas por la ley y las que les sean asignadas, en el caso de la Ministra de Gobierno, por el Presidente de la República.
Por ello, los asambleístas piden a la Asamblea Nacional determinar la responsabilidad política pero además buscan la censura y destitución de la autoridad cuya responsabilidad haya sido determinada. (El Universo)