Luego de dos recesos en los que analizó argumentos de la Fiscalía y de los abogados de ocho de los procesados por delincuencia organizada relacionado al proyecto de construcción del hospital de Pedernales, que se acogieron al procedimiento abreviado, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, sentenció en grado de autor, la tarde de este lunes, a 50 meses de cárcel al exlegislador por Manabí, Daniel Mendoza.
Según la sentencia, el exasambleísta Mendoza tuvo un «nivel de pertinencia y el rol jerárquico» dentro de una organización que se formó para desviar dineros entregados como anticipo al Consorcio Pedernales-Manabí para el proyecto de construcción del hospital Básico de Pedernales de 30 camas.
Esa fue la condena que solicitó, la mañana de este lunes, la fiscal general Diana Salazar contra Mendoza y la ratificó el juez Rodríguez. La defensa del exlegislador, mediante su abogada, pidió acogerse al procedimiento abreviado y además mantenía firmado un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, el cual fue explicado en una audiencia privada la mañana de este lunes al juez de la CNJ.
«Valiéndose del cargo de asambleísta por Manabí (Daniel Mendoza) coordinó actividades de la organización y en ese sentido realizó acciones que tuvieron y que consiguieron contratos de obra pública en la provincia de Manabí. Tuvo el control de los rubros económicos que percibía, supervisó el CUR de pagos respecto a la suma de $ 8 millones que corresponden al anticipo del contrato de la obra para la construcción del hospital de Pedernales. Así se puede verificar en chats entre procesados que se encuentra materializados», refirió Rodríguez al mencionar a Mendoza.
Gabriela Moreira, defensa de Mendoza, dijo estar conforme con el porcentaje solicitado por la Fiscalía, pero no esta conforme con la valoración que ha realizado el juez de la causa.
El viernes último, Salazar envió al juez Rodríguez ocho petitorios de procedimiento abreviado entre los que estaba el hecho por Mendoza, por su exasesor Jean Benavides; por el exdirector del Servicio de Contratación (Secob), René Tamayo; por el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y por el ingeniero Franklin Calderón, alias «Banquero», quien fue acusado de ser el encargado de organizar la estructura de la «organización criminal».
Procesados con procedimiento abreviado
Los cuatro (Benavides, Tamayo, Véliz y Calderón), al igual que Mendoza, no solo se acogieron al procedimiento abreviado sino que mantenían también firmado un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. Todo ello hizo que reciban el planteamiento de Salazar y como sentencia del juez una pena reducida de 34 meses de cárcel en calidad de autores.
Además solicitaron someterse voluntariamente al procedimiento abreviado los procesados Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob, su excompañero Ángel Andrade y el exfuncionario público, José Santos. Ellos solo se acogieron al procedimiento abreviado en el que consintieron la admisión de los hechos que se les atribuyeron y de acuerdo a esa lógica recibieron una pena reducida de 40 meses de privación de libertad.
Multas y reparación integral
Por otra parte, el juez Rodríguez determinó una multa de diez Salarios Básicos Unificados (SBU) ($ 4 mil) para Mendoza, Cobeña, Andrade y Santos; mientras que la multa para Benavides, Véliz, Calderón y Tamayo, quien deberá cumplir su sentencia en la Cárcel 4, en Quito, será de cuatro SBU ($1.600).
Finalmente, ordenó el pago de $ 8 millones por concepto de reparación integral, valor que aclaró, se dividirá entre todos los sentenciados en esta causa. Esto, explicó el juez, se deberá dar de conformidad con los grados de participación, lo cual se deberá ventilar en fase de ejecución «toda vez que hay algunos procesados que nos de ha dilucidado su situación jurídica».
Marcelo Icaza, abogado de Tamayo, adelantó que impugnarán la sentencia en lo que tiene que ver con la reparación integral de $ 8 millones. Para la defensa de Mendoza esa cantidad fue calificada de «infamante» por lo que también se reserva el derecho de apelar lo que tiene que ver con la reparación.
«Se establece una reparación integral de $ 8 millones que fue el monto del anticipo del hospital Básico de Pedernales de 30 camas, cuando 6 de estos $ 8 millones están resguardados por el casado de lavado de activos que es la génesis de este expediente por una jueza de Manabí en Inmobiliar», apuntó Moreira.
Una vez que existe la sentencia de ocho procesados y se ha notificado el sábado último con el auto de sobreseimiento emitido a favor de los procesados Tannia Saltos, Olga Macías, Esteban Velásquez y Mario Ordoñez, de los 19 investigados solo once serán parte de la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio de este martes, entre las que está el exlegislador por Sucumbíos, Eliseo Azuero, y el exsubsecretario del Secob, Jorge Jalil, ambos prófugos de la justicia. (El Universo)