Cinco años de cárcel fue la sentencia que resolvieron de forma unánime los jueces nacionales Luis Antonio Rivera (ponente), Felipe Córdova y el manabita Walter Macías contra Pablo Cruz y Dany Calderón, acusados del delito de delincuencia organizada ocurrido en el proyecto de construcción del hospital de Pedernales. Con un voto de mayoría se ratificó la inocencia de Danilo Véliz.
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dieron a conocer su resolución de forma oral, la tarde de este viernes, diez días después de que se suspendió la audiencia de juzgamiento.
A Cruz, Calderón y Véliz la Fiscalía los acusó de haber sido parte de una organización delictiva para beneficiarse de forma ilícita de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de 30 camas para Pedernales, en la provincia de Manabí. Finalmente, los jueces solo sentenciaron a Cruz y Calderón en calidad de coautores.
Véliz no fue encontrado culpable, pues bajo el análisis de los jueces Córdova y Macías, del acervo probatorio de Fiscalía y de las partes procesales, no se ha logrado justificar su participación, no se ha probado que haya ejercido algún rol de colaboración que coadyuve a los fines de la organización delictiva; ejecutó una conducta neutral, es decir, no existe responsabilidad de Danilo Véliz en el caso.
La sentencia también incluye que Cruz y Calderón cancelen una multa de doce salarios básicos unificados ($ 4.800); mientras que como medida de reparación simbólica se dispuso que se publique el fallo de este caso en las páginas web de los órganos del Poder Ejecutivo que han sido afectados por el delito y en tres medios de difusión masiva nacional a cargo de los procesados.
En relación a la sentencia de Cruz, Calderón y Véliz, el Tribunal de la CNJ se alejó del pedido de la fiscal Diana Salazar, quien solicitó para los tres la pena de nueve años y tres meses de cárcel. La Fiscalía también pedía para todos que paguen como reparación integral al Estado una parte proporcional de los $ 8 millones definidos como afectación.
Por estos mismos hechos, el exasambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a cuatro años y dos meses de cárcel. También se condenó a 34 meses de prisión al exasesor de la Asamblea Jean Benavides; al exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) René Tamayo; al contratista Franklin Calderón; al representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y a 40 meses de cárcel a Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob, su excompañero Ángel Andrade y el exfuncionario público José Santos.
Solo restan por recibir una sentencia en este proceso penal el exasambleísta Eliseo Azuero y el exsubdirector del Secob Jorge Jalil. Contra ambos no solo existe una orden de prisión preventiva vigente, sino que mantienen un llamado a juicio en suspenso, debido a que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia y los dos son vistos como prófugos de la justicia.
El Tribunal de Juzgamiento de la CNJ de esta causa dispuso que se remitan las copias certificadas de las piezas procesales pertinentes a la Fiscalía General del Estado, a fin de que esta instancia realice una investigación para determinar la posible existencia de delitos como lavado de activos, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros.