Desde el próximo 1 de agosto los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas retendrán el 100% del impuesto del valor agregado (IVA) pagado por bienes y servicios.
Así lo establece la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el Registro Oficial el pasado viernes.
La normativa establece que los montos retenidos ya no sean depositados en las cuentas del Servicio de Rentas Internas (SRI), como hasta ahora, sino que permanezcan en las cuentas de cada ente u organismo para su presupuesto.
El expresidente Lenín Moreno había vetado totalmente la reforma por considerarla inconstitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró improcedente la objeción presidencial y dio paso a la publicación de la norma.
La Corte argumentó que la devolución del IVA a los GAD (juntas parroquiales, municipios y prefecturas), empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas está establecida en la Constitución y que la reforma solo cambia el mecanismo. Es decir, lo generado por este tributo ahora se quedará en gobiernos locales y entes previstos en el texto. Antes iba al Presupuesto del Estado y luego era devuelto.
El ministro de Finanzas, Simón Cueva, señaló en una entrevista radial que el Gobierno respeta la división de poderes y que acatará la decisión del organismo constitucional.
Cueva dijo que esta decisión genera impactos en la caja fiscal. Primero, porque dejan de ingresar recursos que llegaban al fisco por un tiempo. Finanzas devolvió en 2020 a los GAD un total de USD 292 millones. Otro impacto es que la Ley acelera el pago de deudas heredadas de gobiernos anteriores.
Edwin Miño, director del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador, aseguró que la reforma sincera las cuentas del Estado porque el monto generado por IVA en los gobiernos locales no le pertenece al Ejecutivo y, pese a eso, esos valores no eran devueltos a tiempo.
“El mecanismo de retención será sencillo. Lo generado por IVA ya no depositaremos en las cuentas del SRI, solo lo registraremos en las facturas. Esto no afectará en nada en el proceso de recaudación”, agregó el directivo.
Javier Bustos, experto tributario, señaló que esta reforma entrará en vigencia el 1 de agosto porque la declaración de las retenciones es mensual y se inicia el primer día hábil de cada mes. Además, agregó que, al momento, falta un reglamento para aplicar la normativa.
Hasta el próximo mes se debe trabajar en los sistemas informáticos para que se pueda dar cumplimiento a lo que estipula la reforma.
Para Napoleón Santamaría, abogado tributario, los gobiernos locales, universidades, escuelas politécnicas y más instituciones estatales deben ajustar sus procedimientos tributarios para ya no pagar el IVA, sino únicamente para retener el 100% del tributo.
Con respecto a la deuda que mantiene el Estado con los GAD por IVA, el SRI debe informar al Ministerio de Finanzas el monto exacto adeudado en los próximos 30 días. Después de esto, el Gobierno tiene seis meses para ponerse al día con este rubro.
Según información de la Cartera de Finanzas, el monto total adeudado a los gobiernos locales por este concepto hasta el mes pasado asciende a USD 164,14 millones. Miño manifestó que existen valores pendientes desde 2018.
Luis Mario Barzallo, presidente Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades (AME), señaló que el fallo de la CC favorece a los gobiernos locales y a las universidades, porque estos montos les permitirá a los GAD hacer más obras en sus localidades, y que haya más jóvenes estudiando.
Además de lo adeudado por concepto de IVA, el Estado mantiene una deuda con los gobiernos locales por más de USD 1 200 millones, por el Modelo de Equidad Territorial (MET), Ley de Desarrollo Amazónico, Fingad y otros rubros. Actualmente, autoridades de los ministerios de Finanzas y Gobierno mantienen diálogos con los GAD para establecer convenios de pagos.
El pasado viernes, Finanzas informó que pagó un total de USD 78 millones a los gobiernos provinciales, juntas parroquiales y municipios, por concepto de MET. En 2021 ya se ha cancelado unos USD 1 153,5 millones por este rubro. (El Comercio)