La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) solicitaron una reunión con el presidente Guillermo Lasso.
Buscan conformar una mesa de trabajo con el primer mandatario y los representantes de las 12 instituciones que son parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, y dar a conocer la realidad que viven familiares y amigos de personas desaparecidas.
“Queremos conocer cuáles son las próximas acciones, planes, proyectos, políticas públicas, investigación a nivel macro y micro de esta problemática que impulsará el gobierno actual”, dijo Lidia Rueda, presidenta de Asfadec.
Rueda indicó que la problemática requiere ser atendida. “No podemos soportar más la indolencia de las autoridades y la incertidumbre de no saber qué ocurrió con nuestros seres queridos. Apelamos a su discurso del encuentro y queremos que esta problemática también se incluya con acciones concretas”, señaló.
Según el Ministerio de Gobierno, de enero a mayo de 2021 se registraron 2.954 denuncias de desaparición de personas.
De este general, 162 aún se encuentran desaparecidas. Las provincias con mayor índice de desaparición son Guayas (20%), Pichincha (17%), Manabí (12%), entre otras.
Otro de los temas que prevén tratar con el mandatario son los puntos críticos es el desarrollo de los ejes fundamentales de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, ya que, “como está construida actualmente, tiene artículos ambiguos y poco técnicos en materia de desaparición y prohíbe la participación de los familiares en las veedurías sobre sus propios casos”, sostuvo Pamela Chiriboga, abogada de la Fundación Inredh.
Además, Rueda recordó al Estado ecuatoriano que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en sus “Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas” estableció: “la política pública sobre búsqueda debe construirse e implementarse, en todas sus etapas y todos sus alcances, con la participación de las víctimas y de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y voluntad de cooperar con la construcción y/o implementación de esa política”. (El Universo)