Entre 2011 y 2019, varios municipios del país cobraron 120 millones de dólares a empresas nacionales y extranjeras por patente municipal, impuesto de 1,5 por mil sobre activos totales y por uso del espectro radioeléctrico.
Lo curioso es que esos tributos, en el caso de los dos primeros, ya habían sido pagados en los cantones en los que esas compañías tienen registrados sus domicilios ante las entidades de control nacional y ninguna de esas empresas tenía como matriz a esos cantones. En cuanto al tercero, el Gobierno Nacional tiene la competencia exclusiva para cobrar ese impuesto.
Este cobro fue realizado por municipios de Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos, Carchi y Bolívar. La cifra más alta corresponde a Esmeraldas. Allí se recaudaron 64 millones de dólares por esos conceptos. Mientras que en las otras provincias, la cifra alcanzó los 56 millones de dólares.
Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario ordenaron a las municipalidades involucradas la devolución de los montos que recibieron mediante embargos y cobros indebidos. Mientras que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas que permitieron el accionar de esos municipios.
Vistazo contactó a los municipios involucrados en este caso, pero ninguno se pronunció al respecto.
ORDENANZAS Y COACTIVAS
Entre 2011 y 2019, los municipios de Esmeraldas, Eloy Alfaro (Limones), Río Verde, San Lorenzo del Pailón, Quinindé, Atacames y Muisne, todos en la provincia de Esmeraldas, cobraron 64 millones de dólares de forma ilegítima a 30 empresas nacionales e internacionales. Esto fue denunciado a partir de 2011 por la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador.
¿Cómo lo hicieron? Un grupo de abogados en libre ejercicio y una empresa jurídica se acercaron a distintos municipios de esta provincia con la propuesta de recaudar más por impuestos, de forma retroactiva.
Para canalizar esa recaudación, los juristas asesoraron a los concejos municipales para que modifiquen o redacten nuevas ordenanzas con el fin de avalar el uso de la figura de juicios coactivos para el cobro de patente municipal, impuesto de 1,5 por mil sobre activos totales y por uso del espectro radioeléctrico. De esa forma, los abogados embargaron las cuentas bancarias de esas empresas para recaudar esos tributos. Para esta tarea, ellos tenían una comisión del 10% al 20% por sus honorarios.
“Sin ser funcionarios públicos, los abogados actuaron como jueces de coactivas en esos períodos. Fueron contratados como profesionales externos para cumplir diversas funciones que les permitieran ejecutar los embargos. Las notificaciones dentro del juicio coactivo se enviaban en menos de 3 días, desde correos electrónicos personales y/o entregaban en oficinas de proveedores o clientes, más no como dispone la ley”, señala Pablo Zambrano Albuja, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador.
Los primeros embargos se hicieron en base a tributos por uso del espectro radioeléctrico a empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, la recaudación por ese concepto es exclusivo del Gobierno Nacional.
Mientras que en 2015 se enfocaron en el cobro de la patente municipal y el impuesto del 1,5 por mil al patrimonio de las empresas que no tenían registrado su domicilio en esos cantones, sino en jurisdicciones de otras provincias como Pichincha. Para esas compañías se les aplicó un cobro retroactivo de cinco años. Para el cálculo se basaron en el Impuesto a la Renta.
Para recaudar esos tributos, los jueces de coactiva de los municipios notificaban del embargo a los bancos sobre la cartera vencida que tenían las empresas, con lo que se congelaban las cuentas de las compañías.
“Esta acción ha impactado directamente en las operaciones empresariales, porque impide usar sus fondos para el pago de salarios y proveedores, dificultando el cobro a sus clientes. En algunos bancos se logró descongelar esos montos, en otros no”, alerta Pablo Zambrano.
Ante estos hechos, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas, mientras que, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario ordenaron la devolución de los montos que recibieron mediante embargos y cobros. Al momento, son más de 40 las resoluciones de la Corte Constitucional. Además, hay otros procesos judiciales relacionados a este caso.
Sin embargo, la empresa implicada en este caso fue liquidada en 2019, año en que se realizaron las elecciones seccionales.
Ante las resoluciones judiciales, el municipio de Esmeraldas ha devuelto 10,8 millones de dólares y tiene convenios de pago por 1,2 millones de dólares. El total de los cobros ilegítimos en la capital de la provincia verde asciende a 50 millones de dólares.
En los demás gobiernos locales todavía no se ha resuelto sobre la devolución de los recursos obtenidos a través de esos tributos. (Vistazo)