Hasta el viernes 15 de julio de 2022 se planifica la votación en el pleno de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación que remitió el presidente de la República, Guillermo Lasso, en mayo de 2021.
La última semana, el Legislativo trató, en segundo debate, esta normativa que reemplazará a la Ley de Comunicación. Dicha normativa, también conocida como “ley mordaza”, estuvo vigente durante el régimen correísta. Para aprobar la ley de iniciativa del Ejecutivo se requieren al menos 70 votos.
La propuesta plantea una autorregulación de los medios, manteniendo derechos como la réplica o la rectificación, entre otros.
En el informe de mayoría que reposa en la Comisión de Asuntos Internacionales, y que se debatió en la última sesión plenaria, se recogen las recomendaciones internacionales realizadas por la Relatoría de la Libertad de Expresión. También incorpora la autorregulación de medios y las capacitaciones continuas respecto a ética y respeto a Derechos Humanos. Asimismo, fortalece las condiciones laborales existentes a periodistas y garantiza la independencia de medios públicos, así como el fortalecimiento de medios comunitarios.
Informe de minoría
En el informe de minoría -auspiciado por UNES y el ala rebelde de Pachakutik– se elimina la opinión como parte del derecho a la libertad de expresión. A César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, le preocupa que incluso se derogue todo el contenido incluido en la Ley vigente respecto a la autorregulación de medios. “Además que se atribuyen responsabilidades civiles por expresarse y opinar libremente”, alertó.
Agregó que se amplía la censura previa para privados; se atribuye al Estado la regulación de la verdad de la información; se retoman los medios públicos de carácter oficial y se incluye el financiamiento de publicidad estatal con recursos públicos, mediante informes de distribución de presupuestos. Respecto a los medios comunitarios, se elimina la posibilidad de que los medios de universidades y escuelas politécnicas sean considerados de esa forma.
Nathalie Arias, de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), espera que antes de la votación se pueda perfeccionar el informe de mayoría. “Sería terrible que se apunte al informe de minoría, porque es retroceder a la primera versión de la ley mordaza y que además contemplaba mucho castigo y mucha penalización a quien ejerce el periodismo”, expresó.
Criticó la postura de la bancada de la UNES -alineada al correísmo-, que se refirió con el concepto de “libertinaje” a la autorregulación. Arias confía, pero es cauta de que sí habrá los votos necesarios para aprobar el proyecto. “En eso estamos trabajando, para evitar que esta discusión produzca un retroceso para el país y el periodismo”, acotó.
Hasta el momento solo habrían 60 votos para aprobar el informe de mayoría: 15 del Partido Social Cristiano (PSC), 15 de la Izquierda Democrática (ID), 26 del bloque oficialista y 4 independientes.
Más protección
Desde la Izquierda Democrática (ID), se pide que en el informe se incluya con mayor claridad los mecanismos de protección para los periodistas por su trabajo. Ramiro Narváez, lo señaló luego de que después del paro nacional se reportaron 242 vulneraciones a la libertad de expresión con más de 114 periodistas agredidos. Esto demuestra -subrayó- la necesidad de contar con un sistema de protección adecuado para periodistas.
Marjorie Chávez (PSC), ponente del proyecto, resaltó que la ley se adapta a los nuevos tiempos al incluir a los medios digitales. Explicó que en el proceso de elaboración se realizaron 48 comparecencias con 9 mesas técnicas.
El correísmo y sus aliados
Desde las filas de UNES y el ala rebelde de Pachakutik, rechazan la posibilidad de la autorregulación.
Paola Cabezas (UNES) opinó que la autorregulación prometida en campaña es una utopía, y que -según dijo- lo único que se va a lograr es dejar en la indefensión a las audiencias.
Ángel Maita (Pachakutik) indicó que se necesita fortalecer la democratización de la comunicación o elegir entre dos modelos: “la clase elitista que responde a las clases dominantes o el lado de los campesinos y vulnerados”. Afirmó que existe un monopolio de los medios de comunicación. (SC)
Desde mayo de 2021
El 25 de mayo de 2021, el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional el proyecto para derogar la Ley de comunicación de 2013 aprobada en el régimen de Rafael Correa, y que era considerada una “ley mordaza”.
Lasso ingresó entonces al Parlamento la Ley orgánica de libre expresión y comunicación con el objetivo de reforzar el marco jurídico para garantizar el derecho de los periodistas y los medios de comunicación, despenalizar delitos contra el honor y la reputación para convertirlos en infracción, y apoyar la creación de un código de ética periodística.
Lasso aseguraba que el proyecto busca que se garantice que nunca más se use el derecho penal para perseguir controversias que surgen por la libre expresión.
El proyecto enviado tiene tres capítulos. En ellos se determinan temas como el derecho a la réplica, la prohibición de censura previa, la autorregulación periodística y el derecho a mantener reserva de las fuentes y el secreto profesional.
La normativa, además, propone derogar la Ley de Comunicación excepto los artículos que fomentan la producción nacional en publicidad, regulación de propaganda estatal y el régimen del espectro radioeléctrico, y robustece la protección de la inviolabilidad de comunicaciones personales y deroga el delito de calumnia y la contravención de actos lesivos al honor.
En 2018, el entonces relator de Libertad de Expresión Édison Lanza pidió revisar diversos artículos de la Ley “mordaza” del correísmo.
“Sería terrible que se apunte al informe de minoría porque es retroceder a la primera versión de la ley mordaza y que además contemplaba mucho castigo y penalización a quien ejerce el periodismo”. (La Hora)