Diario Expreso.- La sanción finalmente llegó, pero esa acción no desaparece el dolor que siente la víctima y su familia, ni mitiga la indignación y el miedo que los padres de Guayaquil sienten por igual. Ayer, el Ministerio de Educación confirmó que la maestra que no reportó que un menor fue violado por otro en el baño de un centro educativo fiscomisional, ubicado en Mapasingue Oeste, fue separada de la institución; en la que a su rectora, denunciada también por omitir la información, se le abrió un proceso sancionatorio.
“Por las investigaciones del caso y por una posible omisión del hecho, se está ejecutando un procedimiento sumario, que es sancionatorio, ante la conducta de omisión de la docente. Es decir, no se encuentra fungiendo como maestra del Ministerio de Educación y se queda en proceso de espera a que se resuelva el caso”, indicó Édgar Acosta, coordinador jurídico de Educación, en una entrevista en un medio televisivo.
Por ser la unidad un establecimiento privado con apoyo estatal, señaló Acosta, Educación no puede destituir a la rectora, pero inició ya el proceso sancionatorio para el plantel, en el que continúan las investigaciones.
“Lo que Educación ha hecho es interponer dos denuncias, una por este caso y otra, para que la Fiscalía investigue sobre otros posibles eventos que hayan podido tener lugar en los últimos tiempos”, explicó el funcionario, que reveló que no se ha dispuesto que las clases presenciales se suspendan o se impartan en la modalidad ‘online’. Lo que contradice lo que inicialmente anunció el distrito educativo al que pertenece el plantel, respecto a que las clases serían virtuales hasta que las investigaciones terminen. Algo que estaba previsto culmine recién hoy.
Ayer, EXPRESO estuvo en el lugar en el que se cometió el abuso y constató la confusión que había entre los padres, que reconocen estar hundidos en el miedo. No tienen respuestas por parte de las autoridades.
“Es preocupante lo sucedido. No llegamos a ninguna solución; primero nos dicen que esperemos al viernes (hoy) para reanudar las clases, pero nada, no sabemos en qué vamos a quedar”, precisó Cynthia Figueroa, quien tiene dos menores de edad en este centro educativo.
Félix Yépez, padre de una niña de 10 años, también llegó a las afueras del plantel, pero ahora con lo del caso se siente indignado e inseguro. Él espera que “las cosas mejoren” ahora que ha reaccionado Educación y sugiere redoblar la comunicación con los pequeños. “Hay que estar mucho más pendientes, preguntarles por varias veces para estar seguros”, recordó el ciudadano.
En el grupo de representantes hubo quienes tuvieron que dejar de lado sus trabajos. Fue el caso de Josselyn Loor, a quien le invade la desconfianza. “Queremos que como institución nos demuestren que podemos confiar en ellos, nos obligan a estar como guardianes aquí y dejé mi trabajo por este problema”, se quejó Loor, al exigir un inspector o conserje que evite el descuido en el área de los baños.
“Me pudre ver como nadie dice nada, como el presidente y vicepresidente de la República, como la Gobernación y la alcaldesa de la ciudad, no dijeron ni pío, mientras era público que una familia quedó rota y estaba viviendo un duelo obligado. Me da asco ver como hasta los refugios de los menores son violentados. Si no están seguros ahí, entonces dónde”, se lamentó Violeta Estupiñán, la madre de dos menores que estudian en un centro educativo del sur de la ciudad.
Para Luisa León, también madre de dos menores, resulta indignante ver como las autoridades pasan por alto un hecho “tan denigrante”. “Por qué no sacan a la rectora, por qué, necesito entenderlo. No se ha dicho cientos de veces que las escuelas y colegios son el segundo hogar de nuestros niños. Por Dios, si tanto los cuidamos dentro de casa, en la calle y los espacios públicos, por qué tienen que ser violentados en sitios donde van a aprender y donde sus funcionarios los solapan. Ellos también los están lastimando”, se quejó.